Los dilemas de San Mamés

¿Está incluida entre las funciones de los poderes públicos la obligación de construirle un estadio nuevo a un club de fútbol profesional que sólo atiende a los intereses de sus socios y aficionados? La pregunta parece pertinente y merecería una discusión a fondo; más todavía cuando el mordisco de la crisis multiplica las necesidades y reduce los recursos disponibles. Sin embargo, está siendo suplantado por una algarabía de lonja en la que los prejuicios, las presiones populistas, los sobrentendidos y los fervores con plusvalías sustituyen a las razones y argumentos.

Estamos hablando, por si hace falta descubrirlo a estas alturas, del ruido creado alrededor de la participación del Gobierno vasco en la financiación del futuro estadio del Athletic. Cuando en otros lugares se suscitan situaciones análogas -que el equipo representativo de la ciudad o el territorio necesite un recinto más adecuado- suelen ocurrir dos cosas: que el municipio (por sí mismo o con otras ayudas) lo construye y cede su uso, manteniendo la propiedad, o recalifica los antiguos terrenos (si son del club o sociedad anónima deportiva), permitiendo con el consiguiente pelotazo urbanístico financiar gran parte de las flamantes instalaciones. En Euskadi esto no puede suceder, faltaría más.

¿Es obligación de los poderes públicos construirle el estadio a un club privado?

Como el Ayuntamiento de Bilbao es dependiente de solemnidad y el Athletic muchísimo más que un club, lo que se impone es un acto sublime de magnificencia. La directiva del club determina qué estadio quiere y dónde se ubica, y las instituciones que deben velar por los derechos de todos -incluso del porcentaje de ciudadanos/as al que no le gusta el fútbol o prefiere a otros equipos- acuden solícitas a sufragar la totalidad del gasto, de forma que no le cueste ni un solo euro a los más directos beneficiarios, los socios que disfrutarán cada quince días de las modernas instalaciones. Resulta llamativo que sea una de estas instituciones, la Diputación de Vizcaya, la que lidera el proyecto casi por delante del propio club y arrastra a las demás. La inversión se cifra en 175 millones de euros (alrededor del doble de lo que costó en 1996 el Guggenheim), que se costearía con las siguientes aportaciones a la sociedad San Mamés Barria SL, la mercantil que construirá y será titular del campo: la Diputación de Vizcaya, la BBK y el Gobierno vasco, 55 millones cada uno, mientras el Athletic participa con los 10 restantes y el Ayuntamiento con la condonación de tasas e impuestos.

Vista de otra forma la operación, supone la transferencia a cada uno de los 33.000 socios actuales del club de 5.300 euros de fondos públicos -la BBK no deja de tener ese carácter por su dependencia de las instituciones, y como tal se ve embarcada-, cantidad que se reduciría a 3.300 euros con la ampliación de la base social que permitiría el estadio nuevo. Una instalación a la que se ha supeditado toda la reordenación urbanística de la zona tras la desaparición de la vieja Feria de Muestras -el campo se queda prácticamente donde está el actual-, descartándose otras posibles ubicaciones alternativas del campo sin un análisis digno de ese nombre.

Se sabe que el Athletic constituye (sobre todo en Vizcaya) un fenómeno casi sacramental y que la devoción que suscita entre sus fieles se potencia cuando coquetea con el descenso a Segunda un año sí y otro también o pierde una final de la Copa. Tan poderoso sentimiento, sin embargo, no puede anular el deber de explicar razonadamente qué interés público justifica y ampara la asignación graciosa de cuantiosos recursos comunitarios a una entidad privada. Las instituciones locales se han sumado con entusiasmo populista a la causa, pero no puede hacerlo con tanta ligereza el Gobierno vasco, cuya responsabilidad se extiende al conjunto de ciudadanos y territorios de la comunidad autónoma.

El anterior Ejecutivo se resistió cuanto pudo a comprometerse en una operación que le venía ya empaquetada, que tiene serias implicaciones jurídicas y que crea un precedente difícilmente equiparable a la aportación financiera que se hizo en su momento en Anoeta y Mendizorrotza. Debe recordarse que las instalaciones donde juegan la Real Sociedad y el Deportivo Alavés son de propiedad municipal y que la participación financiera del Gobierno vasco en ellas fue mucho más limitada y vinculada a otros usos deportivos y equipamientos diferentes del fútbol.

Con la llegada del nuevo Gobierno, los apremios institucionales, políticos y sociales se han redoblado. Hasta el punto definitivo de que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ex concejal de Bilbao y socio rojiblanco, hace depender el apoyo de su partido a los presupuestos de que Patxi López comience a librar las primeras cantidades. Ante tan superiores argumentos, la negativa inicial del Ejecutivo socialista ha terminado por desmoronarse a cambio de condiciones -más tiempo para pagar, que San Mamés Barria tenga una gestión pública o que las dependencias del estadio acojan otras actividades permanentes- que le permitan vestir su contribución a la nueva Catedral.

Sin embargo, su comprensible rendición no despeja la pregunta inicial. Y tampoco va a librar al Gobierno de los apremios que ya le lanza Odón Elorza para la remodelación de Anoeta o el Baskonia de Querejeta para ampliar el Buesa Arena, invocando razones económicas, políticas y deportivo-teológicas similares. Que San Mamés le ampare.