Prerrogativa y delito
El Pleno del Congreso aprobó el martes por aplastante mayoría la concesión del suplicatorio cursado por el Supremo para investigar los cargos penales contra el diputado del PP por Segovia Jesús Merino. De manera simultánea, el Senado daba los pasos previos para que la Cámara alta pueda adoptar esta semana la misma medida respecto al senador por Santander y tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Ambos parlamentarios aparecen implicados en la trama Correa, una organización político-mafiosa incrustada simbióticamente en las estructuras centrales, regionales y municipales del PP, con el fin de obtener ilegalmente contratas y licencias de las administraciones públicas, gracias al soborno de dirigentes populares elegidos para velar por el buen uso del dinero presupuestario. Una vez troceado en varias piezas (con discutibles argumentos procesales) el sumario iniciado por Garzón en la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Madrid instruye las acusaciones contra varios parlamentarios autonómicos y alcaldes populares de la comunidad madrileña; el Supremo examinará el recurso del fiscal contra el sobreseimiento del presidente Camps (a quien la trama Correa regaló numerosos trajes) dictado por el Tribunal Superior valenciano y los cargos contra Merino y Bárcenas.
El Congreso concede el suplicatorio del diputado del PP Jesús Merino, implicado en la 'trama Correa'
Dicho sea en su elogio, los diputados del PP votaron masivamente el suplicatorio de Jesús Merino; dentro de unos días, los senadores populares seguirán su ejemplo con Luis Bárcenas. Ambos inculpados han renunciado a estrategias procesales obstruccionistas y han facilitado la tramitación del suplicatorio, seguramente con el propósito de transmitir la impresión de que son inocentes como ángeles puros y con el ánimo de probarlo cuanto antes.
Las prerrogativas parlamentarias que la Constitución establece no son privilegios personales, sino garantías institucionales para el buen funcionamiento, autonomía e independencia del Poder Legislativo; así lo confirma la jurisprudencia del Constitucional (caso Barral y caso Hormaechea). El trasfondo de ese grueso blindaje es la accidentada historia del nacimiento de la división de poderes y del sistema democrático: el Poder Ejecutivo de las monarquías preconstitucionales modificaba en ocasiones la correlación interna de fuerzas de los parlamentos mediante la persecución judicial de los diputados hostiles.
La inviolabilidad por las opiniones dadas en el ejercicio de sus funciones protege a los parlamentarios de las interferencias exteriores. Su aforamiento en el Supremo les salva de las emboscadas judiciales. La inmunidad prohíbe su detención salvo flagrante delito y su inculpación sin la autorización por las Cámaras del previo suplicatorio del Supremo. Una reforma procesal de 2003 permite al alto tribunal tomar declaración a los parlamentarios implicados -así ocurrió en este caso- como imputados provisionales. ¿Seguirán quejándose de indefensión Bárcenas, Merino y demás colegas de la trama Correa?
