Alejamiento para el agresor de una profesora en Vallecas

Prohibido acercarse a menos de 500 metros del colegio donde estudia su hijo, de la directora y del jefe de estudios y de los domicilios de éstos. Es la orden que dictó ayer el juez de instrucción número 13 de Madrid contra V. A. M., de 38 años, después de que éste agrediera supuestamente el pasado miércoles a la directora y amenazara a los dos docentes en las instalaciones del colegio público Loyola de Palacio, situado en Vallecas, al sur de la capital.

El juez, que tenía previsto celebrar ayer un juicio rápido, dejó en libertad provisional a V. A. M. tras escuchar su declaración -en la que negó las agresiones y los insultos- y las de la directora y el jefe de estudios del centro, ya que va a seguir escuchando a otros testigos. A petición de la acusación particular, que ejercían abogados de la Comunidad de Madrid, al tratarse los agredidos de funcionarios, el juez dictó la orden de alejamiento para el procesado, acusado de lesiones y amenazas. El magistrado le ha prohibido también comunicarse con las víctimas. "Esperemos que sea así", declaró escéptica María José Fuente, la directora del centro, a la salida de los juzgados. La fiscalía aún no ha presentado su acusación.

Madrid planea dar el rango de autoridad también al maestro de la privada

En su relato ante el juez, Fuente explicó que estaba en el comedor cuando oyó al agresor que gritaba: "¿Dónde está ese señor [el jefe de estudios, Miguel Ángel Ibáñez], que lo mato?". Ella salió para apaciguarlo, pero recibió un "puñetazo violento con la mano abierta a la altura del pecho" que la lanzó hacia atrás y se golpeó el coxis en el suelo. Tiene magulladuras en la rodilla y el antebrazo.

Mientras, el jefe de estudios se refugió en un despacho y relató al juez que temió por su vida. Según el relato de los docentes, avisaron a la policía, y cuando ésta llegó el agresor seguía profiriendo insultos como "puta directora" y "niñata de mierda".

"Esta agresión ha ocurrido a los tres días de comenzar el curso escolar", recordó ayer la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar (PP). "Nos confirma que la ley [de Autoridad del Profesor] es necesaria y urgente". Y se mostró partidaria de extender el rango de autoridad de los profesores a toda España "y todos los docentes". Por eso, avanzó que su consejería va a "estudiar todas las posibilidades legales que permitan contemplar también a los profesores de la enseñanza privada en la ley".

La consejera madrileña explicó que la Comunidad de Madrid no suele "inmiscuirse en la autonomía de los centros privados y concertados", pero que han recibido una "clara unanimidad" de los docentes de estos colegios para que también se les aplique la norma. Para estar seguros, dijo, la consejería va a convocar a los sindicatos y a la patronal de la enseñanza privada para conocer su opinión. La consejera rechazó que el proyecto de ley obligue a los alumnos a tratar de usted al profesor o a hablar desde una tribuna.