El Gobierno se garantiza el apoyo del PP a la ley que pagará el plan anticrisis

El Gobierno se garantizó ayer el apoyo del PP para sacar adelante en el Parlamento la ley de ayudas presupuestarias extraordinarias que dará soporte económico al plan anticrisis del Ejecutivo y permitirá su endedudamiento hasta mil millones de euros para compensar la caída de ingresos. La ley, que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes, cuenta ya así con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara gracias a los votos de socialistas y populares. A cambio, el Ejecutivo acepta incluir en un anexo del plan nuevas partidas propuestas por los populares por un total de 19 millones.

De esta forma, los 367 millones del plan + Euskadi 09 presentado hace nueve días por el lehendakari, Patxi López, se elevarán a 386 millones. Delegaciones de ambos partidos se reunieron ayer durante casi una hora en el Parlamento y terminaron de cerrar un acuerdo para el que los socialistas ya habían mostrado su disposición después de que su socio preferente marcase distancias públicamente con varios aspectos del proyecto.

PSE y PP precisan las condiciones de las ayudas a los ayuntamientos

El PP logra introducir en el plan sus dos principales pretensiones: siete millones de euros para ayudas a autónomos y 12 millones para duplicar las iniciativas concretas que se adoptarán en Álava. Los primeros pagarán las medidas presentadas el pasado lunes por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti: cobertura para autónomos desempleados, un fondo para que los ayuntamientos paguen sus deudas con las microempresas y ayudas para pagar la Seguridad Social, que ya estaban en el plan inicial. El Gobierno reformará además los requisitos para que los autónomos puedan acceder mejor a la financiación de bancos y cajas.

Las ayudas a Álava se concretan en cinco programas que hoy detallará el portavoz popular, Javier Maroto, quien los presentó en la reunión. En síntesis son nuevas inversiones en el Casco Viejo vitoriano y obras de abastecimiento en el pantano de Sobrón.

Ambas partes también "marcaron y reajustaron", en palabras del número dos popular, Iñaki Oyarzabal, los criterios con los que se asignarán los 50 millones que el Ejecutivo destinará a los ayuntamientos, en una actuación inédita y que los socialistas insisten en considerar "excepcional", ya que la financiación de los consistorios es competencia de las diputaciones. La falta de concreción de estas subvenciones despertó el malestar de los populares, que desconocían incluso que López pensaba anunciarlas. El PP gobierna sólo en tres pequeños ayuntamientos (Lanciego, Yécora y Lizartza).

De esos 50 millones, 15 se dedicarán a inversiones específicas y finalistas en zonas degradadas. Los 35 millones restantes aliviarán la situación financiera de muchos consistorios que están encontrando dificultades para hacer frente a sus gastos corrientes. Para su reparto, junto a los criterios ya previstos de población y presión fiscal, el PP ha introducido dos más: tasa de desempleo local y porcentaje de población inmigrante, una de las variables que ocasiona a los consistorios un mayor gasto en protección social.

Tanto Oyarzabal, como el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, quienes comparecieron por separado, se mostraron "satisfechos" del acuerdo alcanzado.

El PP parece decidido a hacer valer cada apoyo que vaya prestando al Ejecutivo. Además de presentar el pacto de ayer, y pese a que nadie duda de que está garantizado su apoyo a los presupuestos de 2010, Oyarzabal tomó distancia ante la negociación de las cuentas y recalcó que su partido "no está comprometido a apoyarlas", aunque su disposición previa sea favorable.

El Gobierno parece tener asumida la puesta en escena de peticiones y concesiones de los populares, todo ello en público e incluida su comunicación por el PP. "Es parte del juego político. El PP no es miembro del Gobierno y es lógico que planteen sus reivindicaciones", ya que luego "quien las gestiona es el Gobierno", sostuvo Pastor. Y hasta ahora "han sido razonables". El acuerdo de ayer muestra "la excelente salud del acuerdo y ratifica la voluntad de seguir manteniéndolo vivo", resumieron ambas partes.