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Anuladas las obras de 8.800 pisos en El Molar por el ruido de Barajas

Los jueces paran el plan, aprobado por la Comunidad para quintuplicar la población

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la construcción de una urbanización de 8.800 viviendas en El Molar porque el ruido del aeropuerto de Barajas es demasiado elevado. Este municipio de 6.000 habitantes, gobernado por el PP y situado junto a la sierra de Madrid, pretendía construir una nueva urbanización en una parcela de 233 hectáreas a 11 kilómetros del centro urbano. Pero el TSJM considera que el sector, llamado SAU 21, donde se iba a construir, está bajo la huella acústica de Barajas. El proceso judicial comenzó en 2005, cuando Ecologistas en Acción recurrió la decisión de la Comunidad de aprobar este desarrollo que supondría quintuplicar la población, añadiendo unos 26.500 vecinos.

Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, aceleró los trámites

El plan municipal fue desestimado hasta en dos ocasiones por la Comunidad cuando estaba presidida por Alberto Ruiz-Gallardón. Pero fue aprobado definitivamente por la comisión regional de Urbanismo en 2005.

En esa época el director de Urbanismo era Enrique Porto, que se inhibió en esa decisión, pero que había reactivado el proyecto. Además, había intervenido en el planeamiento como urbanista privado antes de ser designado alto cargo regional. Una vez que el plan logró el visto bueno del departamento que dirigía Porto, el expediente urbanístico tuvo vía libre. Todos los trámites se lograron en un tiempo récord. En apenas dos meses el proyecto que llevaba parado tres años logró todos los permisos. Porto dimitió poco después tras conocerse que desbloqueó un plan urbanístico sobre terrenos de su propiedad y tramitó otros proyectos que habían sido diseñados por una consultora de la que fue socio, Plarquin, y con la que mantenía ciertos negocios.

Precisamente esta consultora fue la encargada de diseñar la urbanización del sector. Su idea original era construir 4.500 casas para quintuplicar la población. Pero las quejas de la Dirección General de Aviación Civil obligaron a reducir la altura de los edificios. A cambio, Plarquin aumentó el número de viviendas a 8.800.

Los promotores del nuevo barrio son Reyal, Realia y Fadesa. Porto también trabajó para esta última empresa antes de ocupar el cargo de director general.La Comunidad de Madrid aseguró ayer, a través de un portavoz, que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. "Los servicios jurídicos han estudiado el fallo y consideran que lo único que incumple es la huella sonora", precisó el portavoz de la Consejería de Medio Ambiente.

El lugar donde el TSJM impide la construcción de la urbanización, el sector SAU 21, es ahora una parcela abandonada donde crece la hierba. En la zona se superan los límites de ruido permitidos por el decreto de la Comunidad que regula este tema (aprobado en 1999, cuando Gallardón era presidente regional), más restrictivo que la ley estatal sobre el ruido.

El decreto madrileño restringe el uso residencial a zonas donde no se superen los 55 decibelios diurnos y los 45 nocturnos. Paradójicamente, la Comunidad consideró en 2005 que la norma que debía aplicarse era la Ley estatal y no el decreto de protección de contaminación acústica regional, más restrictivo, y por eso aprobó el proyecto de construcción en el SAU 21. El argumento de la Dirección General de Evaluación Ambiental, que también dio luz verde al plan, consistía en que "la normativa regional no es aplicable en el planeamiento urbanístico porque está afectada por una infraestructura estatal", como es el aeropuerto de Barajas.

Ahora en la sentencia de fecha de 29 de mayo y notificada el 4 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la Comunidad "se ha apartado sin justificación ni cobertura legal de los criterios defendidos en informes anteriores [las dos negativas del Gobierno de Gallardón para edificar en la zona], lo que ha provocado que se tengan por subsanadas las deficiencias de que adolecía".

María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, explicaba ayer: "Afortunadamente, el plan parcial urbanístico en la zona nunca llegó a aprobarse". Nieto alertó también de las "graves irregularidades que se cometen en la Dirección General de Urbanismo, donde se aprueban actuaciones que no sólo afectan al medioambiente, sino también a la salud de las personas".

La asociación verde recuerda que la parcela está en una zona con gran valor ambiental.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de septiembre de 2009