Las diputaciones aseguran que los incentivos anulados fueron devueltos

Las diputaciones vascas aseguraron ayer por separado que la sentencia de la UE que declara ilegales las ayudas fiscales concedidas en Euskadi en los 90 no tendrá ninguna consecuencia real, porque las empresas beneficiarias ya devolvieron las cantidades recibidas. Fueron alrededor de 300 compañías, que pudieron obtener unos 1.600 millones de euros en incentivos tributarios. Tras acatar el fallo, las tres instituciones forales coincidieron en aclarar que su repercusión será nula: "La sentencia carece de efectos prácticos, ya que las empresas afectadas han devuelto en su día el importe de las ayudas recibidas", aseguró la Diputación guipuzcoana en un comunicado. La de Vizcaya precisa que en 2007 ya exigió la devolución de los importes disfrutados y que éstos fueron devueltos "íntegramente" en aquel momento.

Vizcaya dice haber recuperado 134,8 millones de 21 empresas

Esta firmeza con que las tres Ejecutivos forales garantizan que las sentencias europeas ya han sido ejecutadas contrasta con las dudas que han expresado algunos expertos en la materia y la propia Comunidad de La Rioja, que ha sido el principal litigante en los tribunales contra las denominadas vacaciones fiscales vascas. También choca con el requerimiento realizado en junio de 2007 por la Comisión Europea (CE), cuando reclamó a España que identificara a las empresas que recibieron las ayudas y urgiera a éstas a la devolución de la totalidad de las cuantías. La Comisión tuvo que intervenir un año después ante la inacción de las diputaciones y la sospecha de que los importes seguían sin recuperarse.

Solamente Vizcaya detalló en una nota oficial que 21 empresas de esta provincia, beneficiarias de las medidas ilegales que se aplicaron en 1993 y 2000, han abonado a la Hacienda foral todos los beneficios, valorados en 96,3 millones y otros 38,5 millones de intereses de demora.

Las diputaciones tienen ahora dos meses de plazo para recurrir en casación el fallo, pero sólo por infracciones formales, por lo que las esperanzas de que la Corte de Luxemburgo revise la sustancia del veredicto son nulas. Además del varapalo que supone concluir que las ayudas fiscales son incompatibles con la legislación europea, el procedimiento seguido en las instancias judiciales europeas tendrá su repercusión en las arcas forales. La sentencia condena a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a pagar las costas judiciales, cuyo importe está por determinar, y los gastos en que han incurrido tanto la Comisión como La Rioja. El Gobierno vasco y la patronal Confebask deberá correr con su parte. Este desembolso se sumará a las cantidades que las diputaciones han tenido que destinar para pagar a los servicios jurídicos internacionales (asesores, abogados y procuradores) contratados para este caso y los viajes que han tenido que realizar a Bruselas y Luxemburgo.

En su argumentario, las diputaciones también sostienen que la sentencia no cuestiona el sistema fiscal vasco y, por lo tanto, "no afecta ni parcial ni totalmente al sistema tributario, base del autogobierno vasco". Guipúzcoa recalca en este sentido que el propio texto judicial "reconoce el carácter autónomo y diferenciado de las haciendas vascas respecto a la del Estado" español.

Insisten en que las ayudas tributarias promulgadas en 1993 y 2000 -se derogaron ese año, antes de ser anuladas por la Comisión Europea- fueron "imprescindibles" para salir de la crisis de los 90 y consolidar el peso de la industria vasca, lo que permitió "colocar a Euskadi en los niveles de prosperidad y desarrollo" que disfruta hoy. Las diputaciones aprovecharon para criticar la pasividad de las instancias fiscalizadoras comunitarias, que no han denunciado ni intervenido contra las "enormes ayudas" de los Estados [europeos] a favor de los sectores bancarios e industriales en un contexto de crisis como el actual.