Trabajo ofrece que la nueva ayuda a parados se aplique desde el 1 de junio

El Gobierno tiene difícil aprobar en el Parlamento la nueva ayuda para los parados sin prestación. Consciente de ello, Zapatero anunció cambios en el decreto que lo regula previa negociación con sindicatos y grupos parlamentarios. Y ayer echaron a andar las conversaciones. A las nueve de la noche, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recibió a los secretarios de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, y UGT, Toni Ferrer. Allí Corbacho planteó que la medida entre en vigor el 1 de junio, no el 1 de agosto como ahora, apuntan fuentes sindicales.

Los representantes de los trabajadores, por su parte, exigieron a Corbacho que se amplíe el número de parados sin ingresos que se pueden acoger a los 420 euros mensuales durante medio año. Incluso reclamaron la universalización de la medida. El mismo requisito que pide la oposición para dar el plácet. Y, a tenor de sus declaraciones previas a la reunión, los sindicatos juzgarían insuficiente la propuesta. La reunión no había acabado a las once y media de la noche, cuando se cerraba esta edición.

El PSOE inicia conversaciones con la oposición para aprobar la medida

Tal y como está redactado ahora el decreto que regula la nueva ayuda, se pueden acoger a ella unos 340.000 parados. Reza la letra que sólo quienes se queden sin prestación o subsidio el 1 de agosto, se pueden acoger a ella. Esto deja fuera a unas 600.000 personas, según Trabajo. Ampliar la medida dos meses, supone que 100.000 parados más podrán beneficiarse.

Para ampliar el colectivo de beneficiarios, UGT reclamaba antes de la reunión que se modifique el decreto para que se puedan acoger a él quienes han perdido la prestación desde el 1 de enero. CC OO, por su parte, le pidió al ministro que la modificación vaya más allá de la fecha. Esta organización pide que, mientras el paro esté por encima del 12%, las rentas activas de inserción den acogida a todos los parados sin ingresos. Esto es la universalización de la medida.

Pero el Gobierno ya había descartado desde el comienzo esta posibilidad. "El presupuesto no lo aguanta todo", declaró Corbacho a EL PAÍS.

Retrasar sólo dos meses la fecha de inicio de las ayudas, no garantiza ni mucho menos al Ejecutivo la convalidación (previa modificación de la redacción actual) del Real Decreto en el Parlamento. Los grupos de la izquierda empezarían "a hablar" si la retroactividad de la medida se lleva hasta el 1 de enero. Grosso modo cada mes que se amplíe la entrada en vigor de la ayuda supone unos 100 millones de euros. Llevarla hasta comienzos de año, supondría unos 700 millones más que se suman a los 642 presupuestados en principio.