La Generalitat acelera la aprobación de leyes antes del fallo del Estatuto

Bajo la alargada sombra del Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán ha acelerado la aprobación de leyes que cuelgan del Estatuto antes de que se dicte el fallo sobre si es o no constitucional. El tripartito ha impulsado desde 2006, cuando renovó su mandato, una cuarentena de leyes -16 este año- actuando como si no existiera recurso. Varios constitucionalistas sostienen que al Ejecutivo catalán le ampara la razón porque el Estatuto es una ley orgánica en vigor. Sólo el PP se opone.

El Gobierno de José Montilla ha dibujado la arquitectura institucional con la Ley de la Presidencia de la Generalitat o la del Consejo de Garantías Estatutarias. También ha mimado áreas sensibles para un Ejecutivo de izquierda: la Ley de Educación; la de la Vivienda; la de Servicios Sociales o la del Memorial Democrático.

"No hemos esperado a la sentencia, como quería el PP", sostiene Joan Saura, consejero de Interior. "Gracias a la disposición final tercera del Estatuto tenemos la financiación y el compromiso del Gobierno, que invertía poco en Cataluña, de que duplicará su inversión en los próximos años".

Quedan leyes por hacer: la del Síndic de Greuges [defensor del pueblo catalán], complicada porque el Defensor del Pueblo ha presentado un recurso contra la exclusividad del Síndic, o la de la Ley Electoral. Cataluña es la única comunidad que no tiene ese instrumento: el tripartito culpa a CiU porque no la apoya y ésta esgrime que ni siquiera los tres socios del Gobierno se ponen de acuerdo. Lo único claro es que la circunscripción será la veguería (comarcas) y no la provincia.

Con las elecciones de 2010 en el horizonte, el balance del tripartito y de CiU están muy alejados. Saura destaca que se ha traspasado la ordenación del litoral; que se ha encarrilado el de Cercanías; y que están trabajando en concretar el de la Inspección de Trabajo.

Francesc Homs, ponente convergente del Estatuto, es muy crítico: dice que hay documentos que identifican 250 nuevas competencias derivadas del Estatuto y que el avance es irrisorio. "En julio de los últimos tres años se ha anunciado el traspaso de Trabajo. Y no se hace. La lentitud es extenuante". Y lo ilustra con dos ejemplos: la dificultad para traspasar el Museo de Arqueología de Tarragona o la necesidad de tramitar ayudas por un levante fuerte en el ministerio cuando están traspasadas.

La cuestión es curiosa: la Generalitat actúa como si el Estatuto no estuviera amenazado y el Gobierno parece ignorar, según el tripartito y CiU, que existe un nuevo texto e invade competencias. "No hay que olvidar que el Defensor del Pueblo ha recurrido el Estatuto. Y es el recurso más delicado porque lo elaboran abogados del Estado y no de un partido", apunta Homs. Y recuerda que la lista es larga: la Ley de Cajas de Ahorros; la de la Dependencia o la de Desarrollo Rural. "Todo cuesta mucho. Es un esfuerzo muy grande", admiten fuentes del tripartito, que recuerdan que quieren gestionar los aeropuertos. "Es imposible que no haya conflictos", insisten las citadas fuentes. "Menos mal que hicimos un Estatuto largo; si no, sería muy difícil". Pese a todo, tripartito y CiU saben que el peor escenario será si el Constitucional tumba el término nación o la obligatoriedad de saber catalán, el alma del texto.

El tema no incomoda al PP. Dolors Montserrat, su portavoz en el Parlamento catalán, asegura que acatarán el fallo. "Siempre lo hemos dicho y ¿qué hará el Gobierno si hay leyes o artículos que incumplen la sentencia? Ha habido prisas en priorizar algunos temas cuando la atención la merecía la crisis y las fórmulas para no destruir empleo".