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Editorial:

De la playa al Congreso

Las acusaciones con que el PP quiere tapar la corrupción sufren un revolcón en el Parlamento

Ningún grupo parlamentario apoyó ayer la pretensión del PP de forzar la comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de la vicepresidenta De la Vega, el ministro del Interior y el fiscal general para dar explicaciones sobre la acusación de que el Gobierno, con los instrumentos del Estado, persigue al primer partido de la oposición. Habría sido perverso que los "delirios" y "mentiras de distracción masiva" del PP, como calificaron algunos partidos las denuncias alentadas por Rajoy, obligaran al Ejecutivo a demostrar su inocencia. Sobre todo porque se trata de acusaciones sin pruebas que sólo buscan desviar la atención de las muy reales y concretas actuaciones judiciales contra miembros de principal partido de la oposición por comportamientos presuntamente corruptos.

La denuncia de escuchas ilegales realizada en la playa de Marbella por la número dos del PP, Dolores de Cospedal, se convirtió ayer, en boca de Soraya Sáenz de Santamaría, en un genérico lamento por la "persecución" de que está siendo objeto su partido por parte de la policía, la fiscalía, los jueces y cuantos instrumentos posee el Estado contra el delito. La portavoz popular, al menos, se evitó así el ridículo de atribuir al Gobierno comportamientos delictivos sin base para ello en la sede de la soberanía popular.

El PP ha hecho todo menos lo único que correspondía con la acusación de escuchas ilegales: ir al juzgado con las pruebas correspondientes. En lugar de eso, ha lanzado acusaciones cada vez más gruesas -"Estado policial, persecución inquisitorial..."- en una escalada en la que cada día se daba por demostrado lo afirmado la víspera. Así, se han escuchado sofismas como que el PP ya había cumplido al denunciar los hechos ante la opinión pública, y que ahora correspondía al Gobierno "demostrar que no ha habido espionaje" (Montoro); o argumentos tautológicos como que "todo el mundo sabe que hay una conspiración contra el PP" (Ana Mato) o que "las pruebas están en los periódicos" (Cospedal). La culminación llegó ayer con la afirmación de Sáenz de Santamaría de que "quien calla otorga" (en referencia a la negativa socialista a aceptar ir al Parlamento a dar explicaciones). Una nueva perla que añadir a la desvergüenza política.

Hay, además, un uso oportunista del Parlamento: o conseguía el PP el apoyo de algún grupo enfrentado al PSOE, lo que podía venirle bien; o no lo conseguía, lo que sería utilizado como argumento para plantear, como insinuó Ana Mato, sus denuncias ante el Parlamento Europeo, en el que los conservadores tienen mayoría, coincidiendo con la presidencia española de la UE. Esto es pura mala fe: o hay pruebas y denuncia judicial de un delito, o hay falsa acusación, lo que también es un delito. Cospedal dijo algo muy grave, y, en vez de rectificar, su partido se ha lanzado a suplir la falta de pruebas por ruido. El resultado es que el curso político se inicia de nuevo en un terreno embarrado por el juego sucio.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de agosto de 2009