Cataluña marca el nuevo curso político

Cataluña determinará la agenda del curso político que ahora se inicia por el horizonte de las elecciones autonómicas previstas para el próximo año y, sobre todo, por la perspectiva de la sentencia sobre el Estatuto que, según destacados líderes políticos, podría hacer saltar los calendarios y estrategias de los partidos.

Por ejemplo, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha advertido de que una sentencia del Tribunal Constitucional que recortara el Estatuto supondría "un conflicto institucional sin precedentes", con una radicalización de los partidos catalanes. Los efectos de ese desacuerdo se dejarían sentir en las políticas de alianzas, en la estabilidad parlamentaria del Gobierno, en la cohesión interna de los socialistas y hasta en la capacidad del PP para trabar futuros acuerdos con CiU. Al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le estallaría en las manos una complicada situación política, según admiten fuentes del PSOE.

El PSC optaría por una reacción unitaria de los partidos catalanes

El Constitucional se encuentra enormemente dividido. Una mayoría se inclina por considerar inconstitucional, sobre todo, la mención al término nación en el texto y la obligación de conocer el catalán. Por eso, la imprevisible sentencia mantiene en vilo al Ejecutivo y causa inquietud en el PSOE, tal y como admitió recientemente el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Si se anularan artículos fundamentales del Estatuto, el Ejecutivo debería afrontar esas tensiones con los partidos catalanes, estaría obligado a hacer aplicar la sentencia y podría verse forzado a pagar un precio político en el resto de comunidades.

La versión oficial del Gobierno es la de prometer acatamiento a las decisiones judiciales, no adelantar acontecimientos e intentar desdramatizar en lo posible, en vísperas de la sentencia del Constitucional. Sin embargo, ya se han producido algunas tensiones con partidos que como ERC son socios de los socialistas en Cataluña y en el Congreso. A cuenta de la manifestación propuesta por Josep Lluis Carod Rovira para septiembre se han dado los primeros escarceos entre el Gobierno y ERC, que apuntan a un conflicto si la sentencia es adversa.

CiU y ERC han intensificado en las últimas semanas su presión hacia el Constitucional, cuestionando abiertamente la competencia del tribunal para anular preceptos de una norma sancionada en referéndum. "Hay un consenso básico entre todos los partidos catalanes para defender el Estatuto, incluso de ERC que no lo apoyó en el tramo final. Se produciría un choque de legitimidades y un conflicto institucional sin precedentes si la sentencia fuera negativa", advierte Joan Ridao.

El Estatuto "cuenta con la legitimidad del Parlamento catalán, de las Cortes y, sobre todo, de las urnas, es decir, de la soberanía del pueblo catalán", sostiene. En su opinión, esa legitimidad no puede ser rebatida por un "Tribunal Constitucional desacreditado por las maniobras del PSOE y del PP y que cada vez se parece más a una especie de Torre de Pisa que se inclina en contra de las comunidades autónomas". Ridao defiende que una sentencia adversa a aspectos clave del Estatuto supondría "soberanizar Cataluña" y "sería una oportunidad perdida para los que creen en la aplicación del marco jurídico".

Fuentes del PSC apuntan que si se produjera esa situación los socialistas de Cataluña tendrían que optar por la unidad de los partidos catalanes. Entre otras cosas, porque en caso contrario llegarían en una pésima situación a las elecciones autonómicas del año siguiente, frente a ERC y CiU.

La posición de CiU es muy parecida, con el agravante de que ya ha puesto distancia con respecto al Gobierno al no haber apoyado el acuerdo de financiación autonómica. Los nacionalistas catalanes recuerdan que ya tienen comprometido con el Gobierno un acuerdo para desarrollar este otoño los capítulos sobre justicia del Estatuto, como la derivación de competencias del Supremo hacia los tribunales superiores de cada comunidad. Ese desarrollo legal del Estatuto era la contrapartida del Gobierno al apoyo de CiU a la ley de Oficina Judicial pactada por el PSOE y el PP.

Los capítulos sobre justicia han sido recurridos por el PP y los nacionalistas catalanes han dejado claro que no renuncian a su contenido. Fuentes de CiU explican también que, en caso de que el Estatuto sea recortado, debería haber una respuesta unitaria de todos los partidos catalanes.

Si la sentencia del Constitucional se da a conocer en otoño coincidirá con la negociación de los Presupuestos de 2010 para las que el PSOE intenta lograr los votos de ERC e ICV, una vez despejada la incógnita de la financiación autonómica. La gestión de la sentencia del Constitucional podría interferir en esa negociación.