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Los sindicatos aceptan negociar subidas salariales mínimas para los funcionarios

Blanco reclama fijar "niveles de contención" en los sueldos de la Administración

Los sindicatos rechazan una congelación absoluta del salario de los funcionarios, pero se avienen a negociar subidas inferiores al 1%, como planea el Gobierno para 2010. El primer colectivo afectado por los recortes presupuestarios que impone la crisis prefiere huir del anatema de la congelación para centrarse en el poder adquisitivo. Las organizaciones más representativas de la función pública -CC OO, UGT y CSIF- están dispuestas a hablar de alzas salariales simbólicas si los precios, ahora en niveles negativos, mantienen la moderación el año próximo. "No aceptaremos pérdidas de poder adquisitivo", recalcaron las tres centrales. La intención del Ejecutivo, adelantada el sábado por este diario, recibió ayer la confirmación de José Blanco, número dos del PSOE y ministro de Fomento, que aludió a la necesidad de fijar "niveles de contención" en los salarios públicos. El PP aprovechó para cargar contra el Gobierno por la "improvisación" que aplica a su política económica, aunque apenas entró a evaluar el fondo de la medida.

CC OO y UGT admiten subidas exiguas si hay otras contrapartidas

Para De Cospedal, el Gobierno propone "lo contrario de lo que necesita España"

Los sindicatos son conscientes de que la recesión, el abultado déficit público y la fragilidad del empleo privado no constituyen el mejor caldo de cultivo para plantear mejoras retributivas en el funcionariado. Tras varios años con subidas superiores al 3%, se aprestan a negociar con el Gobierno cifras mucho más modestas, aunque sin llegar a la congelación. La clave está en que "eso no signifique pérdida de poder adquisitivo", explicó ayer el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, a la Cadena SER. El responsable de la función pública en UGT, Julio Lacuerda, respalda esa tesis: "El 0% es políticamente inaceptable; UGT no consentirá ninguna cifra que suponga la pérdida de poder adquisitivo".

Pero esa es una fina línea difícil de definir. La concreción de ese mantenimiento del poder de compra se avecina compleja: dependerá de la inflación de 2010, un dato difícil de prever en los próximos meses, cuando se fije la subida retributiva de los funcionarios. La mayor parte de los analistas vaticina una inflación en torno al 1,6% para el año próximo, frente a ligeras caídas para este año. De ser así, una subida inferior al 1% supondría una pequeña merma de poder adquisitivo.

Para aceptar una evolución salarial más desfavorable que otros años, los sindicatos exigirán contrapartidas. "Hay medidas que pueden combinarse", aseguró Toxo. Consistirían, según Lacuerda, en pactar el nivel de empleo de la Administración y en el desarrollo del Estatuto de la función pública aprobado bajo el mandato de Jordi Sevilla en Administraciones Públicas. "Si las subidas inferiores al 1% se corresponden con la inflación y si hay otras contrapartidas, podemos hablar", concedió el representante de UGT, que admitió la necesidad de transmitir "una imagen de compromiso" en un momento de precaria situación económica.

José Ramón García Esteban, secretario de acción sindical de CSIF, mostró "un rechazo frontal a la congelación de salarios", pero al igual que los líderes de CC OO y UGT se declaró más abierto "a subidas moderadas siempre que haya otras compensaciones". "Los funcionarios no pueden ser siempre el centro de la diana cuando llega la crisis", remachó.

Uno de los elementos del debate será el diferente impacto de la congelación de sueldos en los distintos niveles salariales de la Administración. "No todos los funcionarios tienen el mismo sueldo", apuntó Toxo. Antes de conocer la magnitud del recorte presupuestario para 2010 -un 4,5%-, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, planteó que los sacrificios retributivos afectasen solo a los empleados públicos con sueldos superiores a 30.000 euros mensuales. Pero el recrudecimiento económico impone ahora austeridad para todos.

La mínima subida salarial de los funcionarios -un colectivo de 2,7 millones de personas, cuyos sueldos suponen uno de cada seis euros gastados en el Presupuesto del Estado- forma parte de un viraje en la política económica del Gobierno, en gran parte obligado por los efectos de la profunda crisis española. El Ejecutivo ha subido los impuestos que gravan el tabaco y las gasolinas y ha anunciado la eliminación parcial de la deducción por la compra de vivienda en apenas tres meses. Y esta semana ha tanteado el terreno para una nueva subida tributaria. Blanco volvió ayer a la carga y abogó por la "contención" salarial de los funcionarios dentro de los "tiempos de austeridad" que afronta el Estado. No obstante, el ministro de guardia del Gobierno dejó claro que los empleados públicos "no pueden perder poder adquisitivo". "Los funcionarios han mejorado su poder de compra en los últimos meses con la caída de precios, y sería bueno desarrollar un diálogo con los sindicatos con la mirada puesta en el futuro", explicó a Europa Press.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, criticó en Onda Cero la "improvisación" en la política económica del Gobierno. Respecto al salario de los funcionarios, De Cospedal aseguró que las recetas del Ejecutivo son "exactamente las contrarias de lo que necesita España". La cita contrasta con las políticas retributivas aplicadas por los Gobiernos de José María Aznar, que impusieron subidas en torno al 2% cuando la inflación era muy superior e incluso llegaron a congelar completamente los salarios en 1997, cuando la situación económica era mucho más holgada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de agosto de 2009