Un desatino

Una de las señas de identidad del franquismo que parecen no haber periclitado todavía es la tendencia natural en aquella época a dictar decretos, pese al sometimiento absoluto de las Cortes y la consiguiente e inevitable aprobación de cualquier ley que el Gobierno de turno propusiera. Gobernar por decreto era para los españoles que vivieron la Transición Política a la muerte del Caudillo un exponente de la arbitrariedad del mando, en medio de las inequívocas demandas de democracia y de independencia del Legislativo frente al Ejecutivo que la mayoría de los ciudadanos expresaba. Sin embargo, aquella mala costumbre ha pervivido entre nosotros durante más de tres décadas.

La figura del decreto ley es una desviación del principio de separación de poderes que inspiró desde sus orígenes la creación de las democracias, pero muchas de ellas la recogen en sus respectivas constituciones, si bien de manera específicamente tasada. La Constitución española de 1978, en su artículo 86, dice que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán las formas de decretos leyes" y que no podrán afectar a una serie de temas, entre los que destacan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.

El decreto ley es una desviación del principio de separación de poderes que inspira la democracia

PRISA ha defendido siempre, y continúa haciéndolo, la existencia de la TDT de pago

Pese a semejantes limitaciones, los Gobiernos democráticos, sin distinción de ideologías, han recurrido con abundancia al ejercicio de esta práctica, amparados por una lamentable sentencia del Tribunal Constitucional que en 1983 depositaba en el propio Ejecutivo la responsabilidad de establecer las circunstancias de urgencia y necesidad que justifican una medida concreta de ese género, pues es "una decisión política que sólo al Gobierno -con el control parlamentario- compete".

El caso es que durante los más de 30 años de democracia los Gobiernos han hecho uso y abuso de su facultad de dictar decretos leyes para las cuestiones más variadas. Los frecuentes avisos de eminentes constitucionalistas respecto a los peligros que semejante práctica encierra para el sistema democrático han sido constantemente desoídos, incluso después de que en 2007 el Constitucional emitiera una sentencia en donde establecía que un decreto ley del Gobierno de Aznar (promulgado en 2002) sobre el sistema de protección por desempleo no se atenía a las razones de urgencia requeridas por la Constitución.

Puede entenderse que durante la Transición, los Gobiernos de Suárez y de Felipe González acudieran a esta figura legislativa con más frecuencia de la deseable: se trataba de construir la democracia y de hacerlo de manera efectiva y rápida. Muchas decisiones políticas de capital importancia se tomaron así por decreto, pero el abuso de semejante sistema una vez normalizado el régimen de libertades es, desde cualquier punto de vista, un exceso incompatible con el sedicente talante democrático que pregonan nuestros gobernantes. Hace poco más de un par de años el profesor Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, alertaba sobre estas circunstancias en un artículo publicado en EL PAÍS. "Es importante", decía, "que la jurisdicción constitucional (...) fiscalice los límites (...) al ejercicio de la legislación de urgencia (...) Está en juego la división de poderes, porque el Gobierno no puede arrogarse cuando y como quiera funciones que corresponden al Parlamento. Y eso es lo que ocurre cuando (...) el Ejecutivo no justificó razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad".

Estas reflexiones, aparentemente teóricas, mucho tienen que ver con el abuso gubernamental perpetrado el pasado 13 de agosto cuando el Gabinete aprobó por decreto ley la implantación del sistema de pago en la Televisión Digital Terrestre. La razón de la urgencia que el decreto exhibe -el impulso a la antenización de los hogares- es tan peregrina que merece incorporarse al museo del arbitrismo de nuestros Gobiernos, ya colmado de ocurrencias como los famosos descodificadores simulcrypt de Arias-Salgado o el regalo de las bombillas de bajo consumo por parte de Sebastián. La ideología no es ninguna frontera para la incompetencia. Tampoco para la corrupción. La sospecha de que la verdadera urgencia para la aprobación del decreto ley es favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder ha sido sugerida incluso por aquellos que han aplaudido la medida. Gobernar para los amigos desdice de la transparencia exigible a cualquiera; hacerlo mediante un procedimiento excepcional supone un motivo más de preocupación para los votantes que creen en la moralidad de las propuestas de los políticos.

Aunque estamos acostumbrados a la inquina de algunos de nuestros competidores, pienso que no está de más hacer una breve aclaración respecto a cuál es la postura en este punto del grupo de comunicación que dirijo (editor, entre otras cosas, de EL PAÍS) y a qué se debe nuestra oposición al decreto ley. Nuestra empresa ha defendido siempre, y continúa haciéndolo, la existencia de la TDT de pago, entre otras cosas porque somos un operador relevante de esta modalidad de televisión que, contra lo que dicen interesada y engañosamente algunos comentaristas, para nada es pasto del monopolio: junto a Digital + existen otras ofertas como las de Ono e Imagenio, amén de un número considerable de cableoperadores, que en su conjunto reúnen más de un millón de abonados y que van a verse afectados muy negativamente por la decisión precipitada e irresponsable del Gobierno. La TDT de pago es, desde luego, una oportunidad más para nuestra empresa, pero estimamos que el panorama audiovisual español ha sido manoseado hasta la obscenidad por este Gobierno mediante medidas parciales y caprichosas. Por eso apoyamos desde el primer momento el anteproyecto de ley audiovisual que el Ejecutivo conoció hace semanas -y que incluye la modalidad de pago para la TDT-, por entender que se trataba de ordenar, por fin, con acierto y oportunidad el sector audiovisual de nuestro país. La nueva chapuza propiciada por el ministro de Industria no conseguirá probablemente ninguno de los objetivos que declara, ni siquiera algunos de los que no hace explícitos, como facilitar la implantación inmediata y fulgurante de una nueva cadena de pago. Pero ha logrado introducir tal ruido en el mercado, tal confusión entre los consumidores, tal desigualdad entre los operadores y tal preocupación entre los fabricantes de equipos que cabe preguntarse por cuáles son las razones verdaderas que el Gobierno y su presidente han tenido para tomar una medida así.

Pues éste es el verdadero meollo de la cuestión, y no la TDT de pago con la que, insisto, mi empresa y yo estamos absolutamente de acuerdo, lo mismo que con la apertura a la competencia, de la que somos fervientes partidarios siempre y cuando se haga de manera transparente y leal. De lo que se trata no es de nada de eso, sino de la utilización arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las manías y las ensoñaciones del mando. Es la calidad del impulso democrático de nuestros gobernantes lo que está en entredicho, su respeto a la división de poderes. En contra de lo que declarara en su día Alfonso Guerra, Montesquieu no ha muerto, como no sea en los predios de la actual Venezuela y países semejantes, y es obligación de todo demócrata velar por su supervivencia.

Este país tiene una deuda de gratitud con los primeros Gobiernos de la Transición, los de Adolfo Suárez y Felipe González, que lograron implantar y solidificar la democracia. La grandeza de aquellos presidentes, al margen de los errores que cometieran, reside en que fueron capaces de unir al país en un esfuerzo común de solidaridad y construcción del porvenir. Desde que la derecha se echara al monte de la mano de Aznar, sólo asistimos a políticas de división y enfrentamiento, incluso en momentos tan delicados y difíciles como los de la actual crisis económica. Gobernar a golpe de decreto en cuestiones que no son urgentes ni graves, excepcionales o imprevisibles (para utilizar los adjetivos que el profesor Marc Carrillo entiende justificarían una decisión así) es una demostración de desconfianza y recelo frente a la soberanía popular, representada en el Parlamento. Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino.

Juan Luis Cebrián es consejero delegado del Grupo PRISA.