Un sector construido a parches

El real decreto ley que abre la puerta de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago es el último parche a un mapa audiovisual construido a golpe de improvisación. La medida, aprobada el pasado jueves durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para paliar los efectos de la crisis, es la guinda a un sector maltratado durante décadas y sometido a la arbitrariedad del Gobierno de turno.

El Ejecutivo de Zapatero ha elegido para poner en marcha la TDT de pago una fórmula legislativa excepcional y de urgencia (el real decreto ley) que se reserva para atender situaciones de emergencia o dar una respuesta acelerada a problemas que no pueden esperar una tramitación parlamentaria ordinaria. Y lo hace cuando está a punto de remitir al Congreso la Ley General Audiovisual, un marco que aspira a poner orden a una maraña de normas disperas y obsoletas.

La operación de Quiero TV fue el primer gran fiasco televisivo

Utilizar la ley de acompañamiento de los Presupuestos ha sido habitual

La TDT de pago formaba parte de un paquete de reales decretos y órdenes ministeriales que Industria presentó el pasado junio al sector. En esta batería de normas se regulaba también la televisión de alta definición, las emisoras comunitarias o las comunicaciones móviles desde los aviones. Pero sólo la TDT de pago ha recibido el visto bueno y, además, por la vía de urgencia. Esta modalidad televisiva se aprueba siete años después de que fracasara la plataforma de televisión digital terrestre de pago (Quiero TV).

Aquella operación fue uno de los grandes fiascos televisivos. A finales de los años noventa, el PP quiso que España fuera pionera en el desarrollo de la TDT. El empeño -baldío- le costó millones de euros a los promotores de Quiero TV. El PP propuso años más tarde en el Senado que todos los canales de TDT fueran gratis.

En las últimas décadas, el modelo audiovisual español se ha ido configurando a base de decretos y leyes de medidas urgentes. También ha sido habitual el recurso a la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. La utilización de estos instrumentos ha hurtado al Parlamento un debate en profundidad sobre el modelo audiovisual español, pese a las promesas electorales del PP y del PSOE de poner en marcha una ley general destinada a ordenar la caótica legislación.

Hace menos de dos meses, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dio a conocer el anteproyecto de Ley General de Medios Audiovisuales, un texto que aspira a ser el gran marco de la radio y la televisión y a adaptar la legislación española a la comunitaria. Creará también el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, un organismo independiente encargado de supervisar el sector.

Pero, de momento, el texto no ha llegado al Parlamento. Como tampoco llegó el elaborado durante la legislatura pasada o el que se redactó en la etapa en la que Josep Piqué (PP) ocupaba la cartera de Ciencia y Tecnología. A falta de un marco estable, los distintos Gobiernos han ido parcheando el sector. El primer gran decretazo se promulgó en enero de 1997, cuando el Consejo de Ministros de José María Aznar aprobó un urgentísimo decreto ley que obligaba a las televisiones digitales a obtener una autorización administrativa para poder operar. La misma fórmula utilizada ahora por el Gobierno de Zapatero para dar luz verde a la TDT de pago.

La falta de apoyos políticos llevó al PP a tramitar aquella norma de 1997 por el cauce del proyecto de ley, que abre la puerta al debate -y a la incorporación de enmiendas- en el Congreso y el Senado. Al PSOE le ocurrió una situación similar con el real decreto ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de este año, que propiciaba la fusión de las televisiones privadas. El Congreso acordó su convalidación y obligó a los socialistas a tramitarlo como proyecto de ley.

Más de incógnito pasó otro de los virajes en la legislación sobre la televisión privada: la autorización para que un accionista pudiera tener hasta el 100% del capital de una cadena. El PP abrió en 2002 esta puerta, por sorpresa, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

En 2005, el Gobierno de Zapatero recurrió de nuevo a la vía rápida para añadir un nuevo remiendo al modelo audiovisual. Aprobó la ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberación de la televisión por cable y de fomento del pluralismo, que en la práctica suprimía el límite de tres cadenas privadas y abría la puerta a más concesiones (a raíz de esta ley nació La Sexta), limitaba la concentración de emisoras de radio y adelantaba el apagón analógico a 2010.

La ambiciosa reforma audiovisual emprendida en 2005 afectaba también a RTVE. El Gobierno promovió una ley para que el director general del ente público dejara de ser nombrado por el Gobierno y su designación dependiera del Parlamento. Y establecía un nuevo modelo de financiación: prohibía el aval ilimitado del Estado y consagraba un sistema mixto (ingresos publicitarios y subvención, prácticamente a partes iguales), sujeto a un contrato programa con el Estado.

Esta ley, aprobada en 2006, duró menos de tres años. En 2009, el Gobierno echó por tierra el modelo de financiación y diseñó uno nuevo. A partir del próximo año, la televisión pública sobrevivirá gracias a una parte de los ingresos de las privadas y de los operadores de telecomunicaciones. En contrapartida, la televisión pública (TVE) no podrá emitir publicidad.