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El fiscal reclama por primera vez el cierre de bares con fotos de etarras

Las encargadas de dos locales, acusadas de enaltecer el terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, ha planteado por primera vez el cierre de dos bares y el encausamiento de sus respectivas encargadas porque éstas se negaron a retirar las fotografías de etarras que se exhibían en los establecimientos pese al requerimiento que les hicieron agentes de la Guardia Civil. Aunque es la primera ocasión en que se insta el cierre de bares, la actuación de la fiscalía quiere dejar claro el mensaje de que va a perseguir a quienes se opongan a la erradicación de todo tipo de símbolos proetarras en calles y bares del País Vasco y Navarra.

En los últimos meses, la Fiscalía de la Audiencia ha incoado alrededor de 200 diligencias en el País Vasco y una veintena en Navarra pidiendo la retirada de fotografías, pancartas y carteles que enaltecían a miembros de la banda terrorista. Y ahora, en la primera ocasión en que los responsables de los establecimientos se han negado, la fiscalía los ha denunciado reclamando que "se proceda con carácter inmediato, de manera cautelar, a la clausura temporal".

Los fiscales han ordenado desde marzo 220 retiradas de símbolos etarras
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El pasado marzo, el fiscal jefe la Audiencia, Javier Zaragoza, dio órdenes para que se retirasen "directamente" las pancartas, lemas y fotografías que apareciesen en calles, vallas o ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Dado que los fiscales pueden ordenar directamente y sin intervención judicial la retirada de ese material, hasta ahora la Ertzaintza en el País Vasco y el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Foral habían venido cumpliendo las instrucciones sin encontrar resistencia. Sin embargo, al tratarse ahora de locales que no son lugares públicos, la fiscalía ha instado la intervención judicial para proceder a su cierre.

La iniciativa de la retirada de cartelería de etarras se debe a la Fiscalía de la Audiencia. Las primeras intervenciones se remontan a tiempos del PNV, aunque, según las fuentes consultadas, desde que comenzó a gobernar el actual Ejecutivo vasco presidido por Patxi López la Fiscalía ha apreciado "mayor sensibilidad" hacia las diligencias de investigación del fiscal.

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Los días 3 y 4 de agosto agentes de la Guardia Civil se personaron en los bares Zurgai y Ezpala, de Pamplona, requiriendo a las que se identificaron como encargadas la retirada de las fotos de etarras. Pese a las advertencias de los agentes de que la exhibición podía constituir delito de enaltecimiento del terrorismo -y la negativa a la retirada, un delito de desobediencia grave-, las encargadas del Zurgai, Izaskun Goñi Juárez, y del Ezpala, Ainhoa Oroz Torrea, se negaron a ello.

Según la fiscalía, la exhibición de imágenes de terroristas comporta "justificar el crimen terrorista y enaltecer a los autores, sin que puedan parecer como acciones lícitas y legítimas aquéllas que sólo constituyen la expresión de un comportamiento criminal", como es legitimar y justificar las conductas realizadas por terroristas.

Además, la negativa a acatar la orden de retirada de dichas fotografías constituye un delito de desobediencia grave y "supone la persistencia en la ofensa y humillación de las víctimas del terrorismo y el mantenimiento de un refuerzo a la actuación del terrorista como un mensaje de claro apoyo y justificación que no es aceptable consentir".

Por ello, el fiscal ha denunciado ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional a las encargadas de ambos locales por delitos de enaltecimiento del terrorismo, menosprecio a las víctimas y desobediencia grave. Además, solicita las medidas necesarias para impedir que se continúen cometiendo dichos delitos, entre ellas, la inmediata clausura temporal, de manera cautelar, de ambos locales.

El fiscal también propone que se cite a declarar como imputadas a Goñi Juárez y Oroz Torrea y se oficie a la Policía Judicial o cualquier otro organismo a la localización de las mismas o de "cualquier otro responsable o titular" de ambos establecimientos para su citación ante el juzgado.

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