Fianzas de entre 15.000 y 50.000 euros a los detenidos del 'caso Palma Arena'

El juez declara secreta la investigación que afecta a tres ex altos cargos del PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, decretó ayer libertad bajo fianza -de entre 15.000 y 50.000 euros- para los cinco detenidos en la Operación Espada, que investiga presuntas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena, una de las obras emblemáticas de la etapa de gobierno de Jaume Matas (PP).

Los imputados son el ex director general de Deportes y campeón olímpico José Luis Pepote Ballester; el ex gerente del Palma Arena, Jorge Moisés; el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; y el jefe de la UTE que hizo la obra, Miguel Ángel Rodríguez. El magistrado ha impuesto fianza de 15.000 euros a Durán y Rodríguez, de 25.000 euros a Romero y de 50.000 euros a Ballester y Moisés.

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Los abogados de los tres primeros ya pagaron las respectivas fianzas con el objetivo de que sus clientes no ingresen en la prisión de Palma, mientras que los dos últimos pueden apurar el pago hasta las dos de la tarde de hoy.

El primero en abandonar las dependencias judiciales fue Romero, pasadas las cuatro de la madrugada. Durán salió con aspecto sonriente, así como Moisés, que expresó su "sorpresa" por su detención. Aseguró que no encontraba "ninguna explicación". "[En el Palma Arena] realizamos un importante trabajo interdisciplinar", dijo. Los últimos en abandonar los juzgados fueron Rodríguez y Ballester, que no quisieron hacer declaraciones.

La puesta en libertad de estos imputados se suma así a la del ingeniero industrial Miquel Angel Verger, el arquitecto Ignacio Sáez y el ex director general de Deportes de Mallorca, Antoni Palerm, que también quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración ante agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

El magistrado instructor adoptó la decisión de poner en libertad bajo fianza a los cinco detenidos tras tomarles declaración en los Juzgados de vía Alemania, en Palma de Mallorca, durante 17 horas. Quedan en libertad a la espera de que se celebre un juicio en el que se determinará si cometieron delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas con funcionarios durante la construcción del velódromo Palma Arena, inaugurado en 2007. A Durán sólo se le imputa un delito de prevaricación, por el que podría ser inhabilitado para ejercer su cargo entre siete y 10 años.

El juez, que ha decretado el secreto del sumario, investiga desde agosto de 2008 la posible desviación para fines privados de los más de 50 millones de euros en los que se incrementó el presupuesto final del recinto deportivo, que en un principio se situaba en 47,7 millones.

Mateu Cañellas, consejero de Juventud y Deportes del actual Gobierno presidido por el socialista Francesc Antich, aseguró que la diferencia entre el coste inicial y el final es "muy elevada", lo que ha generado un agujero en la consejería que "va a impedir hacer muchas cosas".

Precisamente, Cañellas anunció a comienzos de esta legislatura que iba a realizar una auditoría técnica tras conocer que el precio final del Palma Arena ascendía a 90,6 millones de euros, un 89% más de lo presupuestado por el Gobierno del ex presidente balear Jaume Matas.

Miguel Ángel Rodríguez, a la izquierda, y José Luis Ballester, <i>Pepote,</i> a la salida del juzgado.
Miguel Ángel Rodríguez, a la izquierda, y José Luis Ballester, <i>Pepote,</i> a la salida del juzgado.EFE

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