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El PP prende la mecha de la crispación

Las acusaciones sin pruebas de Cospedal contra el Gobierno por espionaje irritan a Zapatero, ponen en tensión al PSOE y amenazan con una quiebra institucional

Agosto ha dinamitado las relaciones institucionales entre las dos grandes formaciones políticas de España, PP y PSOE, envueltas en una guerra sorda a cuenta de las tramas de corrupción que salpican a los populares. Este partido ha desencadenado esta semana una virulenta e inaudita escalada verbal contra el Gobierno, que los socialistas interpretan como una reacción de defensa ante las investigaciones judiciales que ponen bajo sospecha a algunos dirigentes del partido de Mariano Rajoy.

Impulsado por la victoria electoral de las europeas, animado por los últimos datos de las encuestas y aliviado por el archivo de la causa abierta por cohecho contra Francisco Camps, uno de sus principales barones, a Rajoy se le presentaba un inmejorable arranque de sus vacaciones. Tanto que celebró eufórico ante los periodistas la exculpación provisional -el archivo está recurrido- de Camps, ironizó sobre el negocio que harían los vendedores de tila a cuenta de los que esperaban la condena del presidente valenciano y exigió cuentas a "la Inquisición" que denunció las andanzas de la trama corrupta en Valencia. Después habló de un agosto ideal para visitar "chiringuitos".

Pero el recurso de la Fiscalía ante el Supremo, que tendrá el efecto de mantener bajo sospecha al presidente valenciano durante al menos ocho meses con la amenaza de un traumático regreso al banquillo de los acusados, sumado a una inquietante redada judicial contra otra trama corrupta desarticulada en Baleares que afecta a ex altos cargos populares, ha devuelto a Rajoy y los suyos a los peores tiempos de la crispación.

Desde Marbella, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, se encargó de agitar la vida política con algunas de las acusaciones más graves hechas nunca en democracia contra un Gobierno. Cospedal aseguró el martes que la Fiscalía persigue a la oposición más que a ETA. Le debió de parecer poco y al día siguiente aseguró que los socialistas han ordenado escuchas ilegales a la oposición. Hasta los jueces, fiscales y policías conservadores se mostraron escandalizados por las asombrosas declaraciones. La cuestión de si esta es una estrategia meditada y razonada en el PP para el próximo curso político sigue aún en el aire. Ni siquiera el rango de quien lanzó esa acusación (nada menos que la número dos del partido) despeja esa duda.

A pesar de que las acusaciones cuestionan el sistema mismo, Rajoy calla. Nadie avaló a Cospedal el primer día. Incluso algún dirigente ha expresado en privado su estupor. El departamento de prensa del partido tardó varias horas en deslizar la idea de que estos hechos ya habían sido denunciados, aunque la denuncia del pasado día 24 que trata de hallar las fuentes periodísticas de EL PAÍS no decía nada parecido.

Después, todavía sin presentar pruebas, Cristóbal Montoro y José Luis Ayllón avalaron las acusaciones. El más explícito fue, ayer, Esteban González Pons. "Hay gente en la justicia y en la policía que está empezando a darnos muchas claves", dijo en la Cope. Se entiende que la afirmación deja fuera a la Asociación Profesional de la Magistratura, al miembro del Poder Judicial Fernando de Rosa, nada menos que ex consejero de Camps, y a la CEP, sindicato policial que suele sintonizar con el PP. Todos ellos salieron el jueves, junto a todos los profesionales de la justicia y las Fuerzas de Seguridad a los que indirectamente Cospedal acusó de corruptos, a defender la honorabilidad de las instituciones y a exigir una denuncia formal si el PP tiene constancia de tales hechos.

El Gobierno recibió indignado y desconcertado estas andanadas verbales. Hubo miembros del Ejecutivo que pensaron que lo mejor sería ningunear a Cospedal para rebajar la tensión: "Le ha dado demasiado el sol", ironizan. E incluso barajaron la idea de que, tras la tormenta desatada por esas palabras, el PP echaría el freno. Reflexionaron sobre la necesidad de establecer un contacto discreto con Federico Trillo, al que consideran "la mano que mece la cuna", en palabras de Elena Valenciano, pero lo descartaron. Al final, los socialistas concluyeron que había que ser contundente en la respuesta por una denuncia tan calumniosa. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de vacaciones en Lanzarote, consideraba muy grave que alguien pudiera acusar a su Gobierno de crear en España un estado policial; y, aunque optó por una reacción templada e institucional -pidió "responsabilidad" al partido de Rajoy-, dio vía libre a su partido para responder sin miramientos.

"El PP está corroído por la corrupción", declaró la diputada Elena Valenciano. "El PP teme que algunos casos de corrupción, y el último de Mallorca, tengan graves consecuencias penales. Están preparando el terreno para que, si les va mal en los tribunales, instalar la idea de que son víctimas de la persecución ordenada por el Gobierno", señalaron otros dirigentes socialistas a este periódico. "El PP reedita la crispación como forma de hacer política ante la evidente ausencia de alternativas", señaló José Blanco, el vicesecretario general del PSOE.

Pero el PP no se arredra y quiere que desfilen por el Congreso de los Diputados los supuestos culpables de tan graves delitos: el fiscal general del Estado -para que explique si hay un trato desigual a los imputados por corrupción del PSOE y del PP-, el Ministerio del Interior -para que aclare quién filtro el sumario sobre la corrupción del caso Gürtel y diga si ha pinchado los teléfonos de dirigentes populares- y la vicepresidenta primera del Gobierno -para que responda si ha presionado al fiscal contra el PP y si sus viajes por Latinoamérica son un despilfarro innecesario-.

Aún hay otro frente para alimentar la cizaña. Las Cortes valencianas, con mayoría absoluta del PP, boicotea desde mayo el nombramiento de la socialista Leire Pajín como senadora. Esta semana ha sugerido que obligará a Pajín a pasar un examen de valencianidad -nunca realizado a ningún candidato- antes de votarla. El PSOE ha perdido la paciencia. Por boca de su vicesecretario general, José Blanco, amenazó con tomar represalias haciendo algo también insólito: vetar al PP en la dirección de varios organismos públicos que deben designarse a partir de septiembre. La ruptura institucional, la reedición de la crispación, está servida.

Una semana de alta tensión

- Mariano Rajoy (lunes 3 de agosto). El presidente del PP se entera en medio de un mitin en Santiago de Compostela

del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps: "Y ahora, ¿qué digo yo? En realidad quien debería hablar es la Inquisición que hemos vivido [...] Los otros, que dedican sus energías a perseguir a los demás en lugar de hablar de la crisis. No voy a decir quiénes son, lo sabe todo el mundo". Evita las preguntas y añade: "De cara al futuro, algo tendremos que hacer y algo plantearemos, porque fueron seis meses de juicios paralelos".

- María Dolores de Cospedal (martes 4 de agosto). Tras conocer que María Teresa Fernández de la Vega había anunciado que la Fiscalía recurriría el archivo del caso Camps, la número dos del PP declara: "Es una vergüenza que la vicepresidenta haya dado instrucciones al fiscal general para decirle que tiene que seguir con la persecución del presidente de la Generalitat valenciana. Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza a la Fiscalía General, no para darle instrucciones para perseguir, como tendría que hacer e hizo en otras ocasiones, a ETA, sino para perseguir a la oposición, al PP. Es muy peligroso que el Gobierno de Zapatero utilice las instituciones del Estado para hacer política partidista, no para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. Con el Gobierno de Zapatero la democracia está en un serio peligro".

- José Blanco (miércoles 5 de agosto). El vicesecretario general del PSOE tacha de sonrojante la intención del PP valenciano de someter a un examen de valencianidad a la socialista Leire Pajín para darle un escaño de senadora. Blanco pide al PP que deje de "jugar con las instituciones". "Si el PP persiste en esta actitud, el PSOE bloqueará cualquier negociación en la participación del PP en los órganos que corresponde negociar en el próximo periodo de sesiones".

- María Dolores de Cospedal (jueves 6 de agosto). Al PP "le consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes nacionales". España vive, según De Cospedal, "un Estado policial".

- José Blanco (jueves 6 de agosto). "El PSOE da a la señora Dolores de Cospedal 24 horas para que presente denuncia fundamentada o abandone la vida política. Una acusación de esta gravedad no la puede lanzar un dirigente político si no la sustenta en pruebas fehacientes".

- Elena Valenciano (viernes 7 de agosto). "El PP es un partido corroído por la corrupción y, para desviar la atención, la señora Cospedal ha llegado a un grado de infamia intolerable que sólo le debe conducir a probar las acusaciones o a abandonar la vida política", protesta la secretaria de Política Internacional del PSOE.

- María Teresa Fernández de la Vega (sábado 8 de agosto). La vicepresidenta tilda de "irresponsables e incluso jurídicamente punibles" las acusaciones de Cospedal. "La acusación de un falso delito es un delito", advirtió. "Puede constituir un delito

de calumnias".

- Esteban González Pons (sábado 8 de agosto). "Mucha gente del Gobierno, de la Fiscalía, de la Policía,

está empezando a darnos muchas claves sobre cómo se han gestado algunas de las operaciones que se han llevado este año contra el PP".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de agosto de 2009

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