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Tribuna:

Noticias desde Alemania

Aunque se publique más información de lo que pasa en Irán que en Alemania, es innegable que las noticias provenientes de nuestro socio centroeuropeo tienen mayor influencia sobre nuestra vida cotidiana. En concreto, dos noticias recientes, que han pasado casi desapercibidas, merecen mayor atención: por un lado, la ley que elimina el déficit presupuestario y por otro, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Tratado de Lisboa.

En primer lugar, está la norma constitucional que establece el objetivo del presupuesto equilibrado, con un techo de déficit del 0,35% del producto interior bruto en el ciclo económico. De hecho, en el horizonte 2020, significa que el endeudamiento del país no debe superar el 10% (frente al 60% europeo actual). Además, fija criterios restrictivos para los déficits de sus autonomías (länder), con una invitación de la señora Merkel a los socios europeos a adoptar criterios similares una vez superada la crisis. No se trata sólo de que esté en campaña, hostigada por sus euroescépticos socios bávaros de la CSU. Esta cultura de estabilidad está profundamente arraigada en el alma de un país industrial y exportador, con un excedente de ahorro que debe canalizar en el exterior. Nuestra etapa de cigarra del boom inmobiliario no hubiera sido posible sin el euro como moneda única y esta política de hormiga germánica.

Hemos dado pasos de gigante juntos. Ahora nos toca defender lo conseguido, afianzarlo también juntos

Mientras tanto, su principal socio, el presidente Sarkozy, tras distinguir entre déficits buenos y malos, propone un empréstito masivo para lanzar grandes programas. Es decir, más deuda. Dos propuestas claramente divergentes en la cabecera del enganche que tira del carro de la Unión Económica y Monetaria, cuando la prioridad es precisamente incrementar la coordinación presupuestaria y fiscal entre sus miembros. Esta cuestión es central para el futuro: Barroso debe dar respuesta a la misma en el debate de investidura y España tendrá un papel central para encontrar una solución coordinada desde la presidencia europea que le corresponde desde enero.

La segunda noticia es la Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre el Tratado de Lisboa. Aunque no lo parezca, guarda relación con la primera: la historia demuestra que una Unión Monetaria no es duradera a largo plazo si no va acompañada por una Unión Política. La Sentencia da luz verde al Tratado, declarándolo constitucionalmente compatible con la Ley Fundamental alemana, en la línea de la de 1993 sobre control democrático en relación con el Tratado de Maastricht, retomada por nuestro Tribunal Constitucional. Rechaza todas las acusaciones de desmantelamiento de Alemania, creación de un superestado europeo, desmontaje de la democracia o militarización forzada.

No obstante, la sentencia examina en detalle la cuestión central del considerable y continuo crecimiento de la libertad de acción de la Unión, no sólo por el Tratado de Lisboa, que hace que en algunos ámbitos actúe como un Estado federal mientras que sus mecanismos decisorios y de nombramientos siguen siendo los de una organización internacional basada en el principio de la igualdad entre Estados señores de sus poderes. Por ello, replantea la cuestión existencial del déficit democrático al señalar las insuficiencias del sistema europeo frente a los de sus Estados miembros a la hora de establecer un gobierno parlamentario aunque sea ésta su vocación.

Por ello, pone como condición para aprobar el Tratado al Parlamento Alemán, como titular de la soberanía de un Estado miembro, la aprobación de una Ley que defina en cada caso de transferencia de competencias a la Unión en virtud del principio de atribución contenido en el nuclear artículo 48.7 del Tratado. Parece complicado, pero significa que para que una competencia pase de la unanimidad a la mayoría en el Consejo, el Bundestag deba autorizar en cada caso a su ministro y no en virtud de una cláusula genérica. En especial, en competencias incluidas en el Tratado de Lisboa de "particular importancia para la democracia, que requieren una interpretación restrictiva para la transferencia de poderes soberanos como son las relativas al derecho penal y civil, monopolio militar del uso de la fuerza, decisiones básicas sobre ingresos y gastos, política social o cultural, medios de información o relación con las comunidades religiosas".

Se ha criticado ya esta interpretación como un freno a posteriores integraciones. De momento supone un refuerzo importante de poder para los Parlamentos nacionales (a los que invita a actuar en una línea similar) frente a sus Gobiernos sin que el Parlamento Europeo pierda poder. Es indudable que esta cuestión tendría parecida respuesta si se planteara en nuestro país tanto en las Cortes Generales como en el Tribunal Constitucional.

En vísperas de la celebración del 20 aniversario de la unificación alemana, no son malas noticias las que recibimos de allí. Es innegable que representan la exigencia de un esfuerzo renovado en nuestro destino compartido, en esencia en torno a dos cuestiones fundamentales que decidimos poner en común entonces: la ciudadanía y la moneda como base de una nueva construcción política controlada, que no definida, por sus Tribunales Constitucionales. En estos años hemos dado pasos de gigante juntos. Ahora nos toca defender lo conseguido y afianzarlo, también juntos.

Enrique Barón Crespo es catedrático Jean Monnet y ex presidente del Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de agosto de 2009