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Los escándalos que afectan al PP

El juez señalado por Camps como más que amigo le salvó del banquillo

Las deliberaciones provocaron un agrio enfrentamiento entre los magistrados

Tienen en común sus posiciones conservadoras. Pero no por eso estuvieron de acuerdo. Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y de la propia Sala de lo Civil y Penal, se alineó con José Francisco Ceres, un magistrado de accidentado nombramiento (fue desestimado por el Supremo y posteriormente objeto de una repesca no exenta de críticas) frente a Juan Montero, catedrático que ha compartido con el instructor de la causa, José Flors, muchas publicaciones de análisis de leyes. La Sala de lo Civil y Penal tenía en sus manos el futuro de Francisco Camps, el presidente valenciano, y Montero, que acabaría redactando un voto particular, no estuvo dispuesto a aceptar cualquier argumentación para archivar el caso.

El primer día de deliberación, el martes 28, ya quedó clara la intención de cerrar el caso. Pero el jueves, la insuficiente argumentación del ponente, Ceres, abrió una brecha con Montero que resultó insalvable. Más aún después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se inhibía en favor del de Valencia para que incorporara a la causa al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y a dos de sus hombres, Álvaro Pérez y Pablo Crespo.

La trama habría pagado los trajes que recibieron el presidente Francisco Camps; el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de la consejería de Turismo, Rafael Betoret, los cuatro imputados, pero también otros 14 cargos del Gobierno autonómico recibieron regalos, como revelaba un documento que adjuntó el tribunal madrileño, que advertía que quedaba documentación por analizar que pudiera tener relación con el caso. Montero asumió una posición de prudencia y planteó que, ante la duda de si los hechos fueron o no delito, lo mejor era llegar hasta el final y que el valor de las pruebas decidiera. Su voto no era decisivo.

De la Rúa, especialmente, y Ceres, que en el auto recurre incluso al derecho alemán para vestir la interpretación del artículo 426 sobre el cohecho pasivo impropio, no se movieron de su intención de cerrar el caso. Y eso a pesar de que la discusión fue tensa y dura.

La intervención del presidente del TSJ, a quien Camps llamó "más que amigo", salvó a los imputados de ir a juicio. De la Rúa estaba en la deliberación porque el otro miembro de la sala, el magistrado Juan Climent, se encontraba de vacaciones. Eso hizo que sí interviniera, aunque el presidente no suele participar en los llamados trámites intermedios de las causas como son los recursos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de agosto de 2009