Aguirre pospone la privatización del Canal hasta que pase la crisis
Los informes del contrato estrella de la empresa de aguas son contradictorios
La privatización del Canal de Isabel II sigue en pie, aunque se retrasará por la crisis económica. Es el argumento que ofreció ayer la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tras el Consejo de Gobierno. "Nos sigue pareciendo que una buena fórmula es vender el 49%", afirmó la presidenta. "Sin embargo, la crisis financiera no ha aconsejado de momento sacar a Bolsa ese 49% del Canal y esperamos a que vengan mejores momentos para las finanzas", añadió.
Además, el vicepresidente regional, Ignacio González, que también preside el Canal, defendió que la dimisión de Ildefonso de Miguel como gerente del Canal, anunciada el miércoles, se debe a que "ha decidido tomar otra orientación profesional".
El Gobierno regional sacará a Bolsa las acciones "en mejores momentos" El nuevo gerente de la empresa tiene un perfil "más técnico que político"
De Miguel, según la versión oficial, tiene encima de la mesa desde hace tiempo una oferta de trabajo en la dirección de un grupo de comunicación. Según González, él mismo le pidió que "terminara la temporada" de gestión al frente de la mayor compañía pública española de abastecimiento de agua. El mismo día que el consejo de administración aceptó su renuncia, frenó la adjudicación de uno de sus contratos estrella, la atención telefónica al cliente.
González defiende que el consejo de administración de la empresa pública de aguas "no ha dado marcha atrás" en la adjudicación porque no llegó a materializarse. Pero el contrato se había preadjudicado a una de las ofertas más caras de las 11 empresas que pujaron. González confirmó ayer que el consejo de administración del Canal decidió "por unanimidad" no dar el contrato a la empresa Atento, filial de Telefónica. Los consejeros acordaron "cambiar el pliego y volver a licitar", según el vicepresidente.
El Canal convocó en diciembre un concurso para dar asistencia telefónica a los usuarios por 26 millones de euros durante cuatro años, prorrogable dos años más. Los concurrentes dieron por finalista a Konecta, del grupo Santander, que estaba entre las ofertas más baratas. Pero la propuesta que De Miguel elevó al Consejo de Gobierno fue la de Atento, que reclamaba 1,8 millones más que la favorita. Cuando la propuesta definitiva llegó al Consejo de Administración del Canal para ser ratificada, los representantes del Ayuntamiento de Madrid y del Estado se abstuvieron. Varios consejeros mostraron objeciones sin entrar en la cuestión económica, según dos asistentes a la reunión. Alegaron que podía haber complicaciones laborales. El Canal encargó dos informes jurídicos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, para despejar dudas. Pero los resultados fueron opuestos. El dossier elaborado por la asesoría Garrigues resultó favorable a la adjudicación. El que preparó la Consejería de Economía y Hacienda la desaconsejaba.
El fondo de ambos análisis es si la contratación del servicio externo de atención telefónica podía incurrir en cesión ilegal de trabajadores. Hacienda recomendó ajustar algunos contenidos del pliego para blindarse ante una posible demanda. Desaconsejó que los empleados presten servicio en las instalaciones del Canal y con sus medios materiales. El informe de Garrigues consideró que los pliegos del concurso sí incluían las condiciones necesarias. La Comunidad atendió las recomendaciones de Hacienda y ha decidido modificar el pliego de condiciones.
El sustituto de Ildefonso de Miguel es el ingeniero de caminos Adrián Martín. Dos miembros del Consejo de Administración lo definieron ayer como "un hombre de la empresa de toda la vida, con un perfil más técnico que político". Ignacio González destacó que, tras 20 años en el Canal, Martín conoce "a la perfección" el proyecto del equipo de dirección y supone "una garantía" para la gestión.
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