El PP vetó que los imputados comparecieran en la Asamblea

Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, expresó su convicción de que la imputación de tres de los implicados en el caso de los presuntos seguimientos ilegales por parte de funcionarios del Gobierno regional demuestra el "error que supuso el cerrojazo a la comisión de investigación en el Parlamento madrileño por parte de Esperanza Aguirre, que privó a los partidos de escuchar, entre otros, a los tres llamados a declarar por el juez".

Menéndez fue más allá al pedir responsabilidades al Ejecutivo regional por su "clarísima responsabilidad política", e insistió en la gravedad de "usar medios públicos para seguir a ciudadanos, entre ellos a un vicepresidente de su propio gobierno [en referencia a Alfredo Prada]".

Por su parte, Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea, señaló que "con los acontecimientos nuevos que se van conociendo, está cada día más en cuestión la actuación del PP y los vetos a los que sometió al Parlamento". "Ahora tienen una doble responsabilidad. La responsabilidad política inicial que nunca asumieron y las consecuencias de haber impedido que declararan, entre otros, los que ahora están imputados", denunció.

Este diario reclamó ayer sin éxito la versión del titular de la consejería de Interior, Francisco Granados, sobre la implicación de sus tres asesores.

Mala memoria

Los tres ex guardias civiles ya fueron interrogados por la policía en marzo pasado. Usaron idéntica defensa exculpatoria ante las preguntas en relación con los días investigados por presunto espionaje: "No lo recuerdo. No tengo ninguna agenda personal". Por tanto, no confirmaron ni negaron si estuvieron cerca de los espiados en los días críticos objeto de investigación. Ahora, la juez dispone de una serie de informes que podrían ayudarles a refrescar la memoria.

Pero hay algo que no se les olvidó señalar: que todos ellos estuvieron bajo la coordinación del ex director general de Seguridad, Sergio Gamón -destituido tras comandar una operación que acabó con la desaparición de un ordenador de un despacho oficial de la Consejería de Justicia-, hasta que fue fichado en el verano de 2008 el ex policía Marcos Peña. Los tres admitieron que realizaban tareas de "prevención de altercados" en actos donde intervenían los consejeros o la presidenta, léase avanzadas. Y relataron que no hacían informes escritos, sino verbales a sus jefes sobre tales actuaciones.