La mala gestión fuerza la fusión de Cajasur

Hay seis miembros del Consejo de Administración de Cajasur que comienzan las reuniones con la señal de la cruz acompañada de un rápido rezo casi inaudible. Se trata del deán y presidente de la entidad financiera, Santiago Gómez Sierra, y los canónigos arcediano, doctoral, magistral, penitenciario y lectoral del Cabildo de Córdoba. Cuando Gómez Sierra, en alguna rara ocasión, no preside, algún que otro vocal se permite un que otro vocal se permite una broma: "Pido que conste en acta que la reunión ha comenzado sin santiguarse".

Por una gracia legal contemplada por los socialistas en la ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Iglesia católica controla un tercio de los órganos de gobierno, cuando el resto de las entidades fundadoras tienen limitada su presencia a un 13%. Es lo que se denomina "la singularidad" de Cajasur. A punto de autorizar la fusión con Unicaja -que, a su vez, tiene amarrado un acuerdo de unión con la Caja de Jaén- la Iglesia va a ver esfumarse el extraordinario poder que tiene en la caja cordobesa, donde sumando apoyos de impositores y trabajadores dispone de mayoría.

Los sacerdotes han conseguido ya otra fundación con ocho millones al año

El PP recurrió la ley andaluza de cajas que intentó frenar el poder eclesial

De controlar el consejo y seis sillones, en el futuro podría quedarse en dos puestos de un total de 24. Y el presidente de lo que se llamará Unicajasur, si nada se tuerce, será Braulio Medel, el más veterano de los presidentes de cajas, del que no consta que se persigne en su puesto de trabajo.

Cajasur es resultado de la fusión en 1995 del Monte de Piedad, fundado en 1864 por la Iglesia, y de la Caja Provincial propiedad de la Diputación. Ya entonces, en una de las primeras reuniones de la nueva entidad, un canónigo advirtió: "Esto es un matrimonio, un cuerpo extraño, y tenemos que compartir las cosas". Eso es lo que la Iglesia no ha aprendido en este tiempo. "Históricamente arrastra un sentimiento de propiedad y considera que la caja es suya", comparten varias fuentes.

La situación actual, sin embargo, es algo distinta y más civilizada, desde que en julio de 2005 el sacerdote Miguel Castillejo abandonó la presidencia tras 26 años de los 75 que había cumplido hasta entonces. A Castillejo se le atribuye el montaje de una potente red clientelar con recursos de la caja, donde ser familiar de un empleado sirve de salvoconducto para trabajar en la entidad.

Una red tejida desde pequeñas ayudas y subvenciones para peñas, colectivos y asociaciones de todo tipo, como si fueran limosnas que sumadas producían una considerable derrama en la obra social, hasta grandes préstamos a grupos inmobiliarios que han sido los que a la postre han llevado a Cajasur al borde del precipicio: el beneficio de la caja cayó un 90% en el primer trimestre de este año al tener que realizar fuertes provisiones para afrontar la morosidad y sus calificaciones de solvencia están por los suelos.

A la caja cordobesa sólo le ha quedado la salida de la fusión con Unicaja, pese a preferir una unión con Caja Murcia (comunidad gobernada por el PP) que entregar la caja "a los rojos". El otro camino, la intervención por parte del Banco de España, hubiera supuesto para la Iglesia un deshonor. Y además sin margen alguno para negociar como sí lo están haciendo con la entidad malagueña. La Iglesia quiere lo que siempre ha querido: poder y dinero. Para empezar, ha arrancado otra fundación dotada con entre seis y ocho millones de euros anuales.

Lo extraordinario de Cajasur es que pese a que en los últimos años acumula datos negativos, los cordobeses mantiene intacta su fidelidad a ella. Si algunos nacen con un carné de un club de fútbol bajo el brazo, los cordobeses lo hacen con "la libreta" de Cajasur.

Con el apoyo absoluto del PP, Castillejo lideró un pulso con la Junta de Andalucía cuando se redactó la Ley de Cajas de Ahorro en 1999, que pretendía poner orden en los privilegios de la Iglesia al reducir su representación del 35% al 9%. Se acotaban los mandatos y la jubilación se establecía a los 70 años, lo que implicaba la marcha de Castillejo; se eliminaba la prerrogativa de que el Cabildo nombrase al presidente... Castillejo, que defendía que los canónigos cajeros eran "perpetuos", logró reunir en una manifestación a 7.000 cordobeses convencidos de que la ley pretendía "llevarse la caja a Sevilla". En Andalucía, los localismos siempre han dado un resultado extraordinario y han sido los culpables de que ensayos de concentración financiera anteriores acabasen en conato.

El Gobierno del PP denunció al Tribunal Constitucional la norma andaluza y Cajasur pasó en 2002 a depender del Ministerio de Economía, que entonces dirigía Rodrigo Rato. Durante ese tiempo, Castillejo mandaba más que el obispo de Córdoba, Francisco Javier Martínez. Ambos viajaban al Vaticano con frecuencia en busca de espaldarazos a sus escaramuzas. La batalla la ganó Castillejo, pese a conocerse datos escandalosos como que suscribió una póliza de 2,9 millones de euros que le garantiza una pensión vitalicia que, además, heredarán sus cuatro hermanas, o que los vocales de Cajasur cobraron dietas por asistir a misa o a una reunión de carniceros.

La llegada de Juan José Asenjo al obispado cordobés recondujo algo la situación. Fue cambiando los estatutos del Cabildo hasta renovar a los canónigos en Cajasur y al sin par Castillejo. Asenjo y el entonces consejero de Economía y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, firmaron la paz en 2004. La entidad volvió a la tutela de la Junta, pero la ley de cajas se cambió de tapadillo (a través de una ley de acompañamiento de presupuestos) y se le dio a la Iglesia un singular 30% de representación en el consejo.