La crisis engulle 3.100 millones de ingresos públicos en sólo año y medio

La crisis económica ha asestado un golpe durísimo a la capacidad recaudatoria del País Vasco. En apenas año y medio, los ingresos públicos se han desplomado en la impresionante cantidad de 3.100 millones de euros. Esta pérdida de recursos tributarios es consecuencia de la caída del PIB vasco 4,6 puntos hasta junio pasado, quebrando una tendencia al alza que venía desde 2003. Este efecto de la crisis es una de las mayores preocupaciones del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre. La racionalización del gasto público y el recurso a un endeudamiento extraordinario son las principales recetas que baraja su departamento para corregir esta situación. Con todo, el responsable de las finanzas calculó que Euskadi tardará cinco años en recuperar la senda de crecimiento económico que registraba en 2008.

La deuda del Gobierno a finales de 2010 supondrá el 5% del PIB

El pinchazo recaudatorio -"brutal" y "casi dramático", en palabras de Aguirre- ha alterado por completo las previsiones económicas de las instituciones. La violenta caída de los ingresos, sobre todo a partir del último trimestre de 2008, viene motivada por los numerosos aplazamientos de deudas que tienen concedidos las haciendas forales, el descenso del empleo, la reducción de los resultados de las empresas, el desequilibrio de la balanza exterior y un aumento de la economía sumergida, según explicó Aguirre en la clausura de un curso de verano de la UPV dedicado al papel del sector público ante la crisis.

Una caída de 4,6 puntos sobre el PIB vasco (68.000 millones) ha supuesto una merma histórica de los recursos públicos. Según el consejero de Hacienda, si esta evolución se mantiene en el tiempo, el conjunto de las administraciones van a tener serias dificultades para mantener la actual estructura de gasto en sanidad, educación y protección social. Aguirre descartó recortes en estas áreas y abogó por aplicar medidas para hacer frente al bajón de ingresos. En estas circunstancias, el único escenario presupuestario que contempla el Ejecutivo es acudir a la deuda pública hasta el límite máximo que aconseja la prudencia económica y el marco de estabilidad presupuestaria. "Sólo hay una salida: hay que endeudarse", manifestó.

Aguirre recordó que la administración vasca se encuentra en una posición privilegiada para endeudarse. "La situación de las finanzas hace que esta medida no sea traumática", añadió. La deuda viva que soporta el Gobierno supone el 1,3% del PIB (523 millones), un índice muy inferior al 6,5% que arrastran de media el resto de comunidades autónomas. Esta posición de ventaja permitirá al Ejecutivo afrontar este ejercicio en un endeudamiento de 750 millones adicionales. Y para 2010, la deuda se incrementará hasta 1.700 millones, el tope permitido (el 2,5% del PIB) por el pacto de estabilidad presupuestaria. A este acuerdo llegó recientemente Aguirre con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Euskadi finalizará el próximo ejercicio con una deuda equivalente al 10% del PIB, un índice que "no es preocupante", opinó Aguirre, porque "seguirá siendo uno de los más bajos de Europa". No mencionó la posibilidad de recobrar la capacidad recaudatoria mediante una subida de los impuestos, como han propuesto algunas diputaciones.

Ante semejante déficit, el consejero advirtió de que las dificultades provendrán de la necesidad de financiar este pasivo en un escenario de tipos de interés altos y con unos remanentes de tesorería muy deteriorados por la crisis. El consejero confió, no obstante, en que el Ejecutivo no tendrá dificultades para acceder a préstamos en el mercado financiero, al contar con la máxima calificación de solvencia otorgada por las agencias de rating.

Aguirre recordó que para salir de este pozo -"estamos en la parte más baja del ciclo; ahora iremos remontando poco a poco", apuntó- es necesaria la colaboración estrecha entre Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. En este marco situó el encuentro interinstitucional celebrado el pasado lunes y que sentó las bases para abrir un trabajo en común en los ámbitos de la función pública, las inversiones, el gasto público, la vivienda y la política fiscal.