La Comunidad retrasa las ayudas a las federaciones de discapacitados

Las subvenciones de la Comunidad de Madrid a las asociaciones dedicadas a prestar servicios a los discapacitados están varadas. Un dinero que sirve, entre otras cosas, para ayudar a las familias que cuidan a un dependiente y necesitan apoyo para descansar. La parálisis afecta a las organizaciones integradas en 10 federaciones que se agrupan bajo el paraguas del Cermi (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad) madrileño del que dependen cerca de 600 trabajadores y más de 400.000 dependientes. La primera fase de estos subsidios, que se renuevan anualmente, tenía que haberse resuelto en abril. Pero la convocatoria inicial se retrasó hasta mayo. El montante, aunque varía de año en año, se aproxima a los tres millones anuales por cada federación.

"No vamos a poder pagar a nuestros trabajadores", dicen desde el Cermi

Los colectivos denuncian que ya no pueden pagar a sus trabajadores ni, en consecuencia, "prestar un servicio adecuado", según sus dirigentes, que califican la situación de "bomba de relojería". La Consejería de Asuntos Sociales concede un retraso, pero asegura que las resoluciones se publicarán el 31 de julio, es decir, el próximo viernes, y que la tardanza se debe a problemas burocráticos. "Ya tenemos preparada la lista de los beneficiarios, pero falta documentar algunos de los rechazos y preferimos hacerlo todo a la vez", dice una portavoz de la consejería.

"Atendemos a muchas personas que dependen de nosotros y lo hacemos a través de otras personas", explica en aparente trabalenguas Javier Font, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Madrid, que cobija bajo su acrónimo a 10 federaciones dedicadas a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales de la región. "Y esas personas necesitan estar a gusto para hacer bien su labor", prosigue Font, que como colofón a su exposición concluye revelando que esos trabajadores que deberían sentirse contentos no lo están porque no cobran.

"En agosto, muchas asociaciones van a entrar en quiebra", advierte el máximo dirigente del Cermi, que cierra el círculo de su argumentación denunciando que no hay dinero porque la Consejería de Asuntos Sociales no ha resuelto las subvenciones. En Madrid hay 434.000 personas discapacitadas mayores de seis años, según el Instituto Nacional de Estadística. No significa, eso sí, que todas ellas reciban atención de las organizaciones.

El procedimiento habitual es que las convocatorias de estas ayudas se publiquen en enero o febrero y se abra el plazo de solicitudes. Después, hay tres meses para que el Gobierno regional cribe entre los solicitantes y decida cuáles tienen derecho a percibir la subvención y el montante de la misma. En ese momento, a los que cumplan los requisitos se les da la mitad del dinero acordado. El siguiente paso es que a finales de julio las organizaciones justifiquen sus gastos hasta esa fecha y perciban el resto. Pero en esta ocasión el proceso se ha atascado en el primer paso. Font asegura que las federaciones implicadas atienden a los discapacitados, además de ofrecerles servicios como atención jurídica y asesoría. "No tenemos liquidez", insiste, al tiempo que califica el sistema de "prehistórico y anuncia que ya ha mandado una carta a Esperanza Aguirre, la presidenta regional, para pedirle una mesa de diálogo.

El dinero sirve para atender a personas necesitadas de ayuda "mientras sus familiares están de vacaciones o en alguna tarea ineludible", pero también para otros asuntos, como el mantenimiento de una bolsa de trabajo y para pagar a su nutrido voluntariado el transporte y otros gastos derivados de su actividad.

La consejería garantiza que "el próximo 31 de julio se hará público quién disfruta de las subvenciones y a quién se le rechaza". Su argumento es que a algunas se les ha dado un margen para que subsanasen documentación incompleta y, mientras, "no se les ha notificado el sí a los que ya la tenían concedida".

Sin embargo, Font no considera creíble la explicación de la consejería que encabeza Engracia Hidalgo y estima que "los retrasos son muy sospechosos porque a todas las asociaciones les han pedido arreglar la misma documentación". Según el dirigente se les ha requerido que aporten los papeles referidos a la justificación del impuesto de actividades económicas.