Merino alega al juez que el apunte "Jesús Merino" parece manipulado

El diputado popular Jesús Merino negó ayer ante el juez Francisco Monterde todas las acusaciones en las que aparece implicado como receptor de fondos de la trama de corrupción que afecta al Partido Popular y que presuntamente dirigía Francisco Correa.

El diputado rechazó que él fuera J.M. tal y como figura en la contabilidad en negro intervenida en un lápiz de memoria al supuesto contable de la red. Incluso llegó a negar que él fuera el "Jesús Merino" que consta en otra de las anotaciones contables. El diputado, que compareció a petición propia y en calidad de imputado provisional, puesto que no se ha tramitado todavía un suplicatorio para proceder contra él, llegó a explicar que la palabra Merino, que figura en la anotación, parece diferente de las restantes tipografías que aparecen en el documento, por lo que aventuró que posiblemente se habría añadido con posterioridad. Merino no llegó a decir quién habría sido la persona que pudo añadir su apellido en el documento, pero sí aseguró que el tal Merino no era él. Previsiblemente esta estrategia de defensa dará lugar a la solicitud de una prueba pericial caligráfica para determinar si la palabra Merino fue escrita por la misma mano que el resto de las anotaciones o si pudo ser agregada con posterioridad.

El juez instructor debe decidir si pide el suplicatorio o archiva el caso

El diputado señala que su apellido pudo añadirse después en la contabilidad

Alegó que no conocía a las personas que hicieron los pagos

La contabilidad refleja un pago de 50.000 euros de la trama en 2007

A diferencia de Bárcenas, que estuvo ampuloso, altanero y muy nervioso y tenso, Merino fue suave y tranquilo en sus manifestaciones ante el juez. Negó una a una todas las imputaciones que figuran en la exposición razonada del juez Antonio Pedreira.

Ante el Supremo, Merino sólo está siendo investigado por cohecho -y no por delito fiscal, como Bárcenas- por un supuesto soborno de 50.000 euros. En la contabilidad figuran otros supuestos pagos, pero el Supremo no los analiza porque estarían prescritos. Por un lado, el 14 de junio de 2002 una persona no identificada entregó al grupo de Correa 175.973 euros. "Esta cantidad se distribuiría entre diferentes personas, resultando curioso que tres de ellas, reciben exactamente la misma cantidad: Jesús Merino, L.B. [presumiblemente Luis Bárcenas] y G.G. [supuestamente Gerardo Galeote], quienes reciben 24.040 euros cada una", según la exposición del juez Pedreira.

"Aparte de esta cantidad, una persona con las siglas J.M. habría recibido otras sumas de dinero en otras fechas" y menciona: 2 millones de pesetas (12.000 euros) en febrero de 2002 y 60.000 y 6.000 euros en dos fechas diferentes de mayo de 2003.

Por otra parte, en el archivo denominado "caja B actual" consta un apunte de diciembre de 2007 de 50.000 euros precedido del concepto "ent. a Jesús Merino". El escrito del juez interpreta que en dicha fecha "salieron 50.000 euros de la tesorería oculta del grupo Correa para su entrega a Jesús Merino".

Merino alegó que conocía a Francisco Correa y Pablo Crespo porque coincidía con ellos en una cafetería de la calle Serrano, de Madrid, donde él tiene su despacho y ellos sus oficinas, pero negó haber recibido ningún dinero de ellos.

Mientras, fuentes del PP señalaron que durante su declaración el pasado miércoles, el juez Monterde metió a Luis Bárcenas en un aprieto cuando le preguntó por el cuadro que presuntamente quería adquirir y para el que había pedido un crédito de 330.000 euros, que devolvió en billetes de 500 sólo un mes y medio después, cuando supuestamente se frustró la operación. Bárcenas, que trató de ser convincente, llegó a decir que el cuadro era de un pintor del siglo XVII y llegó a mencionar al autor del mismo.

Tras las declaraciones preliminares de los dos aforados, parece evidente que a lo largo de la próxima semana el juez instructor Francisco Monterde deberá pronunciarse sobre si archiva las actuaciones o si solicita el suplicatorio para proceder contra Bárcenas y Merino al Parlamento. Fuentes jurídicas precisaron ayer que en este momento el juez se encuentra imposibilitado para avanzar en la investigación, ya que ni siquiera podría tratar de contrastar la veracidad de los documentos aportados por Bárcenas en su descargo, ya que se trataría de una investigación patrimonial que está vedada por el artículo 71.2 de la Constitución. Si el juez Monterde cree que hay cosas por aclarar, incluso sin prejuzgar sobre la verosimilitud de las acusaciones, deberá tramitar el suplicatorio cuanto antes.