Los peritos del 'caso Guateque' creen que de 47 locales sólo uno cumple la ley

La investigación del caso Guateque, la trama de corrupción en la concesión de licencias destapada en el Ayuntamiento de Madrid en noviembre de 2007, sigue avanzando. El 28 de enero de 2008, poco después de que se destapara el caso, el juez Santiago Torres pidió a la empresa Tragsa un informe pericial sobre algunos de los locales y viviendas involucrados. Y el resultado, si se tiene en cuenta que se trata de inmuebles sospechosos de beneficiarse de algún tipo de agilización irregular, es sorprendente: sólo uno de los 47 establecimientos revisados por los peritos cumple la ley.

Los encargados del informe han realizado durante meses visitas a los locales para comprobar si la realidad correspondía con sus licencias y con los planos. Y, según el informe, 16 inmuebles de los investigados por el juez realizaron obras en su interior sin que estuvieran autorizadas por el Ayuntamiento. Pese a ello, funcionaban legalmente; es decir, seguían abiertos. Eran cuatro bares, un taller mecánico, un laboratorio de análisis clínico, una clínica, siete edificios de viviendas y un piso. Precisamente, este último pertenece al viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada.

"Las denuncias policiales han caído en saco roto", critica David Lucas

Este alto cargo de Esperanza Aguirre está imputado en el caso Guateque por dos obras en su domicilio (una de ellas se ajusta a la ley, según el informe) y también por la licencia del hotel Comfortel -condicionada a otra autorización para levantar un hospital que no se hizo-, en la avenida de Pío XII, cuando era gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento.

Más grave es el resultado de las inspecciones en materia de protección contra incendios. En principio, este análisis no formaba parte del encargo que recibieron los peritos, pero tras constatar todas las irregularidades las reseñan en el citado informe y advierten al juez de que debe estudiarse más "exhaustivamente". En concreto, 13 de los expedientes comprobados no cumplen con las medidas de seguridad necesarias. Es decir, sobre todo tenían problemas con extintores y salidas de incendios mal señalizadas u obstruidas.

Entre todos estos locales se encuentra la discoteca Dink, propiedad del hijo de Joaquín Fernández de Castro, ex jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de la capital y presunto cabecilla de la trama, que además acumula 234 infracciones denunciadas por la Policía Municipal.

"Esto corrobora las denuncias en relación al incumplimiento sistemático de las normas en determinados locales. Pasado el tiempo, después de muchas inspecciones por parte de la Policía Municipal, las denuncias han caído en saco roto. Hay una responsabilidad política respecto a la permisividad de esta situación", denuncia el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas.También resulta alarmante que ocho de los expedientes revisados in situ arrojen la conclusión de que hay "elementos, no justificados o avalados por proyectos técnicos, que podrían afectar a la seguridad estructural". En este caso no hay ningún local de ocio nocturno, son todos locales comerciales y viviendas.

En otro de los apartados del informe, los peritos señalan una serie de locales que constan en el sumario del caso que han sido revisados y cuyas obras no se ajustan a la licencia concedida. En total son 21: 12 bares y discotecas, 2 oficinas, 2 locales comerciales, 1 hostal, 1 supermercado y 1 edificio de viviendas.

En uno de los expedientes, los peritos concluyen que Armada realizó obras sin licencia en su vivienda. Fueron, sin embargo, en 1980, y el presunto delito ha expirado. Según relata el documento, el actual viceconsejero de Transportes pidió licencia para realizar obras en su casa, pero le fue denegada. "Las obras señaladas se corresponden con la demolición de tabiques de distribución interior (tabiques de panderete), desmontaje de aparatos sanitarios, la ejecución de nuevos tabiques de distribución interior con ladrillo hueco sencillo, el alicatado de un baño, la instalación completa de un baño (con bañera, lavabos, bidé, desagües, etcétera), la instalación de un fregadero y el pintado final". Cuando los peritos comprobaron el estado actual de la vivienda, se encontraron con que las obras se habían realizado pese a no tener el permiso.