La 'patata' alavesa

De los sobrentendidos vienen los equívocos. Y de las respuestas ambiguas, las malas interpretaciones, la consideración como asentimiento de lo que como mucho puede ser un ya veremos. Algo de este juego de malentendidos parece estar detrás del enredo de la moción de censura en Álava, pretendida a toda costa por el PP para echar al PNV de la Diputación y frenada por quien puede asegurar que prospere, el PSE. Este episodio, de difícil digestión para quien no esté muy directamente involucrado en las intrigas e intereses partidistas, ha supuesto la primera fisura seria en el acuerdo de bases firmado por socialistas y populares para sostener al Gobierno de Patxi López y, si no se resuelve sin ambigüedades, puede emponzoñar sus relaciones futuras con el veneno de la desconfianza permanente.

La relación imposible PSE-PP en Álava echó raíces en 2002 con Rojo y Rabanera

El PP, sobre todo en Álava, siente como un quebranto insoportable el hecho de que el PNV gobierne la provincia, cuando él fue el partido más votado en 2007, bien es cierto que con una ventaja muy escasa sobre el PSE y los peneuvistas. Estos se encontraron con el regalo inesperado de la Diputación gracias al famoso gatillazo de Txarli Prieto, el secretario general del PSE alavés, que en el momento cumbre de la partida enseñó una ridícula pareja de doses tras haberse jactado de que tenía unas cartas imbatibles. Pero el hecho de que en ese momento, cuando todavía estaba vigente el guión de Ibarretxe, los socialistas y populares alaveses fueran incapaces de ponerse de acuerdo en el territorio donde superan con holgura a los nacionalistas, reveló una falla previa. Un obstáculo cuya exacta dimensión no supieron medir Antonio Basagoiti ni Patxi López cuando dejaron la cuestión alavesa fuera del pacto escrito para el sostenimiento del Gobierno vasco, como un asunto para ver más adelante.

Acuciado por las prisas, porque la legislatura foral ya ha pasado su ecuador, y sin poder sustentar sus pretensiones en un documento firmado, el PP ha recurrido a la lógica. Que el PNV siga al frente de la Diputación es "incompatible" con el cambio en Euskadi, han proclamado al unísono todos los portavoces populares. Sin embargo, la coherencia no es el principio que rige la política ni puede aplicarse de forma universal. Si hubiera que extender a otros ámbitos los motivos de excepcionalidad que han hecho ponerse de acuerdo a dos partidos rivales para desalojar al PNV del Gobierno de Euskadi, no sólo habría que descender a Álava o a Getxo; con la misma razón se podría ascender al Congreso de los Diputados. Puesto que el berrinche del PNV por verse fuera de Ajuria Enea mediante el pacto PSE-PP está complicando la vida al Gobierno de Rodríguez Zapatero, lo coherente sería que los populares de Mariano Rajoy no se aprovecharan de esa debilidad sobrevenida. Pero, quitando una tímida insinuación de Basagoiti en tal sentido, no parece que los estrategas de la calle Génova estén dispuestos a extender los efectos del cambio hasta ese punto.

Puede discutirse si resulta o no comprensible que el PNV, la tercera fuerza en Álava, gobierne en minoría con el inútil apoyo de EA y Aralar, cuando la primera (PP) y la segunda (PSE) alcanzan una mayoría holgada en las Juntas Generales. Esta extravagancia, sin embargo, remite a un grave desencuentro entre los populares y socialistas alaveses previo al acuerdo Patxi López-Basagoiti y difícil de reconducir por la extensión mecánica de éste. No hay que olvidar que Álava estuvo gobernada desde 1999 a 2007 por los populares y que su condición de territorio donde naufraga la hegemonía del nacionalismo ha permitido que el antagonismo natural entre los dirigentes del PP y el PSE haya alcanzado niveles de toxicidad comparables a los que se dan en Madrid o Andalucía. Con el factor agravante de las torpes acusaciones deslizadas por los argumentarios populares contra los socialistas antes y durante el frustrado proceso de paz.

Invirtiendo los términos del razonamiento, lo difícil de explicar no es que PSE y PP dejan de aplicar en la Diputación de Álava lo que han acordado hacer en el Gobierno vasco, sino por qué no lo llevaron a la práctica hace dos años, cuando las circunstancias políticas lo hacían todavía más aconsejable. Echar a media legislatura al Gobierno de Xabier Agirre en nada favorecería la imagen del cambio como factor renovador de la política vasca. La gestión del diputado general no puede calificarse de catastrófica y, quitando algunos gestos sectarios iniciales, ha mantenido -sobre todo desde que percibió que su sillón peligraba-, una posición institucional muy alejada de sus convicciones soberanistas.

La relación imposible de socialistas y populares en Álava echó raíces con un sobrentendido en 2002, cuando Javier Rojo y Ramón Rabanera apalabraron presuntamente un reparto del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación que quedó borrado tras las elecciones de 2003. Nada de lo sucedido desde entonces ha contribuido a aliviar las tensiones, sino al contrario. Tampoco lo haría, seguramente, forzar una moción de censura, como no lo hizo el apoyo gratis dado entonces por el PSE a Rabanera, obedeciendo la orden de Rodríguez Zapatero. La extensión del cambio a Álava quizá sería mejor que comenzara con la reconducción de las contaminadas relaciones personales y políticas de los dirigentes de ambos partidos en la provincia. En este contexto, invocar la "filosofía" del acuerdo para el Gobierno, resulta un argumento endeble. Sobre todo, si no hay un texto que lo sustente.