El Comité de Ética de los Mossos también vigilará a las policías locales

El Comité de Ética del Departamento de Interior, creado tras el escándalo de las palizas en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts, también vigilará a todas las policias locales de Cataluña. Así lo establece el proyecto definitivo del Código de Ética de la Policía de Cataluña, que ultima el departamento de Joan Saura (ICV) y en cuya redacción se ha tardado casi un año.

El código da al comité un poder suave que, al estilo del Síndic de Greuges, influya sobre la actuación de los Mossos y las policías locales sin tener autoridad ni poder sancionador real sobre ellos. La herramienta para lograrlo será el informe anual que elaborará el comité, en el que se recogerán las malas prácticas en las que puedan incurrir los agentes. Interior confía en que dar publicidad a esas actuaciones -"un reproche moral", según el texto del código- servirá para que los responsables policiales tomen medidas para acabar con ellas. El comité no intervendrá en el caso de irregularidades graves o actuaciones delictivas, que seguirán su trámite actual en los tribunales y los órganos disciplinarios internos.

El organismo no tendrá poder para sancionar a los agentes

Las cuestiones éticas en las actuaciones policiales tienen una especial relevancia porque los agentes son los ejecutores del "monopolio legítimo de la violencia" que se reserva el Estado, recuerda el texto. Los agentes guían sus actuaciones según la formación y las instrucciones recibidas, y dentro de los límites marcados por la ley. Pero en ese marco, afirma el proyecto, cuentan "con un notable grado de discrecionalidad" que ejercen "en momentos críticos o conflictivos" para los que "no existen reglas predeterminadas".

Las recomendaciones del código pretenden lograr un doble objetivo. A nivel individual, dar a los agentes un marco de referencia que les sirva de guía para enfrentarse a esas situaciones. A nivel colectivo, "si las policías catalanas ajustan su comportamiento profesional a los deberes establecidos por este código, se verá reforzada su identidad como policía democrática".

Los 128 artículos del código se dividen en cuatro grandes bloques. El primero establece los principios generales que deben guiar la actuación de los agentes, como el de imparcialidad, no discriminación, sumisión al interés general y respeto a los derechos de los ciudadanos, entre otros. El segundo entra a explicar cómo deben actuar los policías en situaciones concretas. Algunos ejemplos son reservar el uso de la violencia para cuando sea necesario, la discreción a la hora de esposar y detener a los acusados, y las buenas formas para identificar y registrar a un sospechoso.

Los dos últimos bloques se centran en la formación de los agentes (que debe estar impregnada de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos) y la responsabilidad y el control sobre sus actuaciones que deben asumir los agentes.

El proyecto ha sufrido notables cambios durante su redacción. Algunos de ellos han estado motivados por las aportaciones hechas por los sindicatos, el Colegio de Abogados de Barcelona, el Síndic de Greuges y las federaciones de municipios, entre otros agentes consultados. Pero los mayores obstáculos han venido de la dificultad de encajar en el marco jurídico un texto sin precedentes y con una frontera no siempre clara con los reglamentos y protocolos policiales. Un ejemplo es el primer borrador del Código de Ética, que establecía que no deben utilizarse armas de fuego "en los casos en los que pueda generarse un riesgo para personas no involucradas". El proyecto final, sin embargo, obvia este punto al asumir que la intervención de los cuerpos de élite en situaciones extremas, como la liberación de rehenes, tiene su propio funcionamiento y "siempre supone algún tipo de riesgo", según fuentes de Interior.

El Código de Ética será remitido ahora a la Comisión Jurídica Asesora antes de su aprobación por el Consell Executiu, previsiblemente antes de finales de año. La gran incógnita es cómo será recibido por algunos responsables de policías locales y alcaldes, que podrían interpretarlo como una injerencia por parte de Interior.