El juez rechaza que el traductor de Ciudadanía sea ilegal

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto a título particular por un docente contra la orden del Consell de introducir un profesor traductor en el aula para impartir en inglés Educación para la Ciudadanía. El recurso se basaba en que la presencia de dos profesores en el aula y la traducción simultánea atentaba contra la libertad de cátedra del titular de la asignatura. Una idea que rechaza el juzgado.

La sentencia, que trae fecha de 23 de junio pero fue dada a conocer ayer, es independiente de los recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por sindicatos de enseñanza, que ya lograron una suspensión cautelar de parte de la normativa aprobada por la Generalitat. El TSJ suspendió, en concreto, la opción de que los alumnos aprobaran la asignatura haciendo un trabajo, sin necesidad de asistir a clase, así como la posibilidad de que fueran evaluados en inglés.

El profesor que interpuso el recurso rechazado ayer está adscrito a un instituto de la comarca de La Ribera, cercana a Valencia, y consultó a los servicios jurídicos de los sindicatos CC OO y STEPV antes de entablarlo. Ambas organizaciones le manifestaron que no creían que la vía elegida (la defensa de la libertad de cátedra) fuera viable, porque la orden de la Generalitat subrayaba que el profesor titular mantenía el control sobre el contenido que debía impartirse en clase y sobre la evaluación.

Los recursos de los sindicatos de enseñanza contra la orden del consejero Alejandro Font de Mora de dar Ciudadanía en inglés se han centrado en que tal decisión viola la autonomía organizativa del centro, y en que va en contra de normas de rango superior, especialmente, aunque no solo, de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Malestar comprensible

El juzgado número siete de lo contencioso-administrativo de Valencia desestima el recurso (un rechazo defendido también por el fiscal) pero introduce en el fallo la siguiente reflexión: "No puede sino compartirse el malestar y/o preocupación del recurrente en la práctica de esta metodología que le es impuesta, y que, como destaca el Ministerio Fiscal, puede distorsionar las posibilidades reales de aprendizaje del alumnado, generándose posibles conflictos entre ambos profesores como consecuencia de la necesidad de coordinación".