"El helicóptero era chatarra"

"Los acusados montaron un helicóptero de lo que no era nada más que chatarra". Esta frase contenida en el escrito de calificaciones de la fiscalía de Lleida explicaría por sí sola las causas del accidente aéreo que se produjo el 14 de junio de 2002 cuando una aeronave que revisaba una línea eléctrica se estrelló en el término municipal de Torallona (Pallars Jussà, Lleida), con el trágico resultado de ocho personas muertas. Siete años después, el fiscal pide para los cuatro responsables del siniestro cinco años y nueve meses de prisión, 7.200 euros de multa y 600.000 euros de indemnización para las familias de cada una de las víctimas.

El fiscal solicita la apertura de juicio oral contra Pedro María Sáenz de Maturana, el administrador de la sociedad Helieuropa Services, SA, propietaria del helicóptero, los ingenieros Andrés García y José Carlos de la Peña y el técnico de mantenimiento Carlos Mejías. Los cuatro están acusados de ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores. Además, pide seis años de inhabilitación para cada uno.

En su escrito, el fiscal señala que en 1993, Sáenz de Maturana compró el helicóptero Augusta Bell 205 en una subasta del Ejército del Aire por 3.450 euros. Tres años después lo vendió a la sociedad Helieuropa Services, de la que era gerente, por 30.000 euros. El único interés del comprador era la documentación de la aeronave, según el fiscal, pues carecía de los elementos básicos para el vuelo (motor, palas del rotor principal y de cola), que tomaron de otras subastas y aeronaves, sin autorización. Tampoco tenían permiso para transportar pasajeros. El 14 de junio de 2002, el helicóptero se estrelló al romperse la cola del aparato debido al mal estado, según el fiscal. Los seis pasajeros y los dos tripulantes murieron en el accidente.