Bancaja y CAM ignoran al Consell y apuestan por fusiones externas
La calma de las cajas choca con la urgencia del Banco de EspañaLa presión política puede aumentar la valoración de activos en una fusión
Reacción simétrica. Las dos principales cajas de ahorros valencianas, Bancaja y CAM, mostraron una gran coincidencia ayer ante la posibilidad de una fusión entre ellas apuntada por el Consell el pasado viernes. Ambas evitaron hacer "valoraciones políticas", rechazaron alianzas en las que no actúen de absorbentes y aseguraron estar "mirando hacia fuera" de la Comunidad Valenciana para fijar sus posiciones en el nuevo mapa financiero.
Asimismo, insistieron en que ninguna de las dos es la opción de la otra, tanto por las duplicidades de red como la concentración de riesgos que comportaría la operación. Incluso, pese al apremio que está imprimiendo el Banco de España a las cajas para acometer fusiones, afirmaron no tener ninguna prisa en iniciar procesos en ese sentido. "Bancaja no tiene ninguna prisa, posee 107.000 millones de activos y un 12% de solvencia", aseguró ayer una fuente de la entidad. "Es prontísimo para hablar de contactos", afirmó un portavoz de la CAM.
Al respecto, ambas entidades, como si manejaran el mismo manual de respuesta, remitieron a las últimas declaraciones públicas de sus presidentes, José Luis Olivas y Modesto Crespo. El primero aseguró recientemente en Santander que las dos cajas valencianas no se podrían fusionar "nunca" y que pediría al Consell que autorizara las alianzas interregionales. Por su parte, Crespo manifestó que para que ambas entidades se pudieran fusionar "tendrían que darse unos motivos técnicos que ahora mismo no existen".
Sin embargo, el Consell abrió una expectativa en ese sentido al reclamar el derecho a vetar la fusión de cajas radicadas en la Comunidad Valenciana, en la línea de Cataluña, Andalucía y el País Vasco.El Consell, a tono con las dos cajas, evitó ayer toda posibilidad de definir con mayor claridad su posición respecto a las fusiones. El pasado viernes, tras la celebración del pleno, el vicepresidente Gerardo Camps defendió que el veto se ejercería desde la racionalización, no con criterio político, y que no resulta incompatible con que las fusiones sean efectivas para el conjunto del sistema financiero.
Con todo, el presidente de Bancaja, días antes de que Camps destapase las nuevas intenciones del Consell, se mostró convencido de que la Administración valenciana, llegado el caso de una fusión interregional, actuaría con "flexibilidad" y "no bloquearía" la operación. Aun así, fuentes de la entidad descartaron que tenga necesidad de abordar ningún proceso de fusión ni que se haya planteado por voluntad propia absorber a cajas de menor tamaño. Cosa distinta sería si el Banco de España lo sugiriera.
Aunque en determinados ámbitos financieros ha sorprendido la reacción del Consell, que tras los intentos de Joan Lerma y Eduardo Zaplana, había evitado mostrar interferencias en el destino de las cajas, algunos expertos la consideraron "lógica", aunque "tardía". Por una parte, el Consell trata de asegurarse la capacidad de evitar alianzas que le puedan disgustar políticamente, en un momento en el que ha empezado la cuenta atrás para la politización de las cajas, así como afianzar al máximo los privilegios derivados de su control.
Por la otra, el Gobierno valenciano trata de corregir su trayectoria. La ausencia de poder político puede perjudicar a las cajas en un proceso de fusión. En ese sentido, augura un especialista en entidades financieras, las cajas catalanas obtendrán "muchas más ventajas" que las valencianas. "La valoración de los activos ante una fusión están siempre en función del poder político que tengas detrás", asegura.
Y en el caso de Bancaja y la CAM, con una fuerte presencia inmobiliaria en sus activos, eso resulta crucial. En los Estados Unidos, las valoraciones de los activos inmobiliarios los marca el mercado. No así en el caso español, en el que esa regla sólo impera cuando los precios van hacia arriba. En la situación actual, la valoración es el resultado de un proceso de condescendencias en las que la presión política puede resultar determinante. La valoración puede alcanzar hasta un 20% más.
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