Cuarta reforma

El Consejo de Ministros ha acordado remitir al Congreso la nueva reforma de la Ley de Extranjería, una de las normas más inestables del sistema jurídico español a juzgar por las modificaciones promovidas por los sucesivos Gobiernos desde 1985. La razón detrás de las reformas no es sólo el incremento del número de extranjeros trabajando en España, sino también el hecho de que, al menos desde la ley de 2000, la inmigración se ha convertido en un arma electoral. El origen de la cuarta reforma que, desde esta última fecha, se aprobó ayer fue la incorporación de varias sentencias del Tribunal Constitucional y de algunas directivas europeas. Pero el Gobierno de Zapatero la aprovechó para competir con el PP en el endurecimiento del discurso contra los inmigrantes.

El texto remitido al Congreso ha limado las aristas más inaceptables del primer borrador que preparó el Gobierno, incorporando las observaciones de organismos como el Consejo Económico y Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración y la Comisión Interministerial de Extranjería, entre otros. La vicepresidenta De la Vega consideró "inaplazable" la reforma por la necesidad de adaptar la ley a la normativa europea. Pero conviene recordar que fue el propio Gobierno quien exigió a los eurodiputados socialistas españoles que apoyaran la directiva del retorno, rompiendo así la disciplina del grupo de los socialistas europeos y propiciando que la directiva obtuviese la mayoría.

El Ejecutivo ha cuidado los detalles en la presentación pública de la reforma, recurriendo a una retórica garantista y colocando en primer plano las medidas más favorables a los inmigrantes, como el tratamiento a las víctimas de la violencia de género en situación irregular. Pero ha pretendido, además, usar estas medidas como analgésico para los puntos más perjudiciales, como la ampliación del plazo de retención en los centros de internamiento hasta 60 días o el endurecimiento de las condiciones para el reagrupamiento familiar. O como la creación de un registro de entradas y salidas.

Una vez que esta cuarta reforma de la Ley de Extranjería está en el Congreso, lo menos que se puede esperar de los grupos parlamentarios es que conduzcan la discusión sabiendo que la crisis económica es una coyuntura delicada para abordar cuestiones que se prestan al populismo y la xenofobia. La voluntad inicial de dureza de esta modificación ha perdido gran parte de su sentido: la entrada irregular de inmigrantes se ha reducido drásticamente, según las cifras del Ministerio del Interior. Pero, según los sindicatos, se estaría produciendo un incremento de la economía sumergida, alimentada sobre todo por extranjeros desempleados. De confirmarse esta tendencia, podría convertirse a medio plazo en un grave problema social. Pero no sería con nuevas reformas de la Ley de Extranjería con lo que habría que hacerle frente, sino con mayores controles financieros e inspecciones laborales.