Los chiringuitos seguirán en la arena

El Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino ha completado su giro y proclama ahora que los chiringuitos podrán permanecer en la arena, de forma que sólo saldrán de ella "aquellos que sea posible trasladarlos y siempre que haya acuerdo con los empresarios". Así lo explicó ayer en Málaga el secretario general del Mar, Juan Carlos Marín Fragueiro, el mismo que hace sólo tres meses dijo que había que ser estrictos en el cumplimiento de la ley.

Entonces, el ministerio defendía que los chiringuitos que vulneraran la Ley de Costas o el régimen de concesiones tendrían que salir de la arena sin pretextos y sólo en el caso de que no fuera posible ubicarlos en otro sitio próximo a la playa se podría contemplar una excepción.

Medio Ambiente dice que no se "tomarán medidas disciplinarias"

Ahora es al contrario, el chiringuito es una instalación de playa y sólo será trasladada la que pueda y de forma voluntaria. Como dice el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, "si el chiringuito no está en la arena, es otra cosa distinta".

Martín Fragueiro, que en su anterior visita a Málaga en marzo puso en guardia al sector y a la Junta, que no ocultó sus discrepancias con el Gobierno en el tratamiento a los chiringuitos, trajo ayer otra noticia celebrada con alivio por los empresarios: "No se adoptarán medidas disciplinarias". Eso sí, a partir de ahora se verá caso a caso cómo se encaja en la legislación y se le dará seguridad jurídica a todos y cada uno de los chiringuitos repartidos por la costa andaluza, unos 800.

Hay algunos llamados a desaparecer, pero son "muy pocos", según el ministerio. Los que Medio Ambiente dice que están llamados a desaparecer son aquellos que fueron levantados de forma ilegal, de la noche a la mañana y sin ningún tipo de permiso.

La inflexibilidad que Martín Fragueiro mostró en su reunión con los chiringuiteros en marzo provocó la intervención de la Junta en defensa de una tradición que forma parte de la cultura y modo de vida andaluz y de un sector que estima da empleo a unas 40.000 personas y factura al año unos 500 millones de euros.

La Junta arrancó al Gobierno el compromiso de crear una comisión tripartita que estudiaría las soluciones para regularizar los chiringuitos. La comisión se constituyó ayer en Málaga en una reunión apadrinada por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que hace tres meses, cuando estalló el conflicto, era consejero de Presidencia de la Junta. Temple de ánimos y tacto eran ingredientes esenciales para la solución.

El secretario general del Mar informó en la reunión de que su departamento tiene ultimado un completo estudio sobre el litoral andaluz que contempla la situación de todos los chiringuitos y su variada casuística. Los hay que están en regla, pero otros tienen concesiones caducadas, o desarrollan una actividad distinta a la autorizada, o tienen dimensiones que exceden lo permitido, o no tienen todas las instalaciones exigidas, o que sencillamente carecen de permiso. Cuando pase el verano se verá la situación de cómo engranar cada uno de los casos de forma individualizada en la ley. "El objetivo es que todos los establecimientos tengan seguridad jurídica", insistió Martín Fragueiro.

En las soluciones y el diseño del nuevo modelo, Costas ve imprescindible a los ayuntamientos. Habitualmente son los municipios quienes reciben las concesiones previa petición y luego otorgan los derechos de explotación a los empresarios. A la reunión de ayer asistió el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, que suscribió el compromiso de que los consistorios velen también por el cumplimiento de la ley y del régimen de concesiones y autorizaciones temporales.

Zarrías estimó que en los primeros meses de 2010 la Junta podría recibir las competencias en materia de costas que le otorgará, entre otras cuestiones, la gestión de las concesiones y uso de las playas. El procedimiento es complejo, aunque según Zarrías se tiene la ventaja de la experiencia del traspaso a Cataluña, que las tiene desde enero de 2008.