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La huelga del naval destapa el rechazo a la contratación de extranjeros

La CIG reivindica el empleo "para los que se ganaron el derecho a estar aquí"CC OO reconoce que hay "un sentimiento" latente en contra de los extranjeros

María Fernández

No se trata sólo de una subida salarial. La regulación en la contratación de trabajadores en los astilleros ha desatado una tormenta en la huelga del metal. En la asamblea celebrada ayer por la mañana ante el astillero Barreras en Vigo, Antolín Alcántara, secretario de organización de CIG, lanzó el siguiente mensaje: "Queremos que la contratación quede regulada definitivamente, de una sola vez, para que aquí se garantice que los trabajadores de toda la vida sean los que tengan futuro en los astilleros". Definió a esos trabajadores como "los que se ganaron el derecho a permanecer y estar aquí, los que levantaron el sector. Que sean ellos y sus hijos los primeros".

Alcántara expresó lo que en el naval lleva mucho tiempo latente: la existencia de malestar por la contratación de extranjeros a los que "las subcontratas pagan menos". Su compañero Miguel Anxo Malvido, secretario del metal, argumenta que algunas empresas "traen a gente de fuera pagándoles miserias". "Si no lo regulamos, si permitimos que desplacen a los trabajadores contratados por el convenio, entonces sí podrá surgir un problema de xenofobia", asegura Alcántara"No es ningún secreto que a los extranjeros les hacen firmar nóminas falsas o con contratos con condiciones leoninas", asegura Miguel Anxo Malvido, de CIG. También reconoce que "es muy difícil pillar a las empresas porque todos tienen los papeles en regla. Las hemos denunciado en varias ocasiones a la Inspección de Trabajo sin éxito".

"En las asambleas los discursos pueden interpretarse mal"
"Es difícil demostrar que las empresas pagan menos a los extranjeros"

Para solucionarlo, CIG quiere que el convenio que ahora se negocia obligue a que todos los trabajadores se inscriban en la Agencia de Bolsa de Empleo (ABE) o se contraten a través del INEM. Eso limitaría aún más la entrada a los inmigrantes, que ahora son fichados en sus países de origen y no pasan por la ABE: "Un portugués sí, pero un peruano, por ejemplo, no se puede inscribir desde Perú. La empresa lo contrata y lo trae aquí", explica Manuel López Golpe, secretario del metal de UGT. Aparentemente, la argumentación defiende un principio básico del convenio actual: que cualquiera que trabaje en alguna de las 2.500 empresas del metal en Pontevedra lo haga, como mínimo, cobrando lo que marca el acuerdo. Pero la intención de CIG de ir más allá en la regulación levanta recelos en UGT y CC OO, que reclaman que, en los casos sospechosos, sea la Inspección de Trabajo la que fiscalice y sancione a las empresas que incumplan. El afán de control de la central nacionalista ya levantó ampollas tras una asamblea celebrada en Barreras el 6 de mayo. En esa reunión "llegaron a llamar extranjeros a empresas de Ferrol", recuerda Ramón Sarmiento, de CC OO. "En el sector está latente ese sentimiento [de rechazo al extranjero] Las tres centrales habíamos acordado llevar el tema con el máximo cuidado, pero parece que la CIG ha iniciado un quiebro".

Al manifestar durante la asamblea de ayer que su prioridad es garantizar el trabajo "a los de aquí, los de toda la vida", CIG intenta reforzar el ánimo de los trabajadores que llevan ya 17 jornadas en la calle. Al mismo tiempo, juega con algo peligroso. "Algunos planteamientos pueden llevar a equívocos, que se vea al diferente como un enemigo, cuando no creo que sea lo que quieren decir", afirma Golpe.

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El dirigente de UGT explica que "cuando se habla en asambleas pueden darse interpretaciones variopintas". "No creo que estén diciendo que los extranjeros no puedan venir y trabajar". Algunos empresarios sí lo creen. "En los últimos minutos de la maratoniana negociación de 30 horas [celebrada la semana pasada], cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo, pusieron sobre la mesa lo de la contratación porque sabían que por ahí no pasábamos. No vamos a abrir ese melón". El que habla es un empresario que no quiere mencionar su nombre porque, oficialmente, la patronal no habla del tema. "No existe, no vamos a pasar por eso ni vamos a comentar nada", repite una y otra vez Enrique Mallón, su portavoz, cuando se le pregunta si cree que hay un trasfondo xenófobo.

Antolín Alcántara, carismático líder sindical y conductor de cada asamblea en el metal, razona: "No soy xenófobo, ni este sindicato lo es. ¿No nos véis todos los días? Estamos en la calle con compañeros senegaleses o de cualquier país. No hay insultos ni amenazas. Hablas con la gente del metal y todo el mundo sabe que existe ese problema, que los empresarios se aprovechan y desplazan a los trabajadores de aquí por otros que cobran menos". Preguntado por si su discurso puede ser un arma arrojadiza contra esos trabajadores, aclara que no, y aventura lo que puede pasar: "Si no lo regulamos, entonces sí habrá problemas".

Las fotos de las manifestaciones ponen en duda que los inmigrantes apoyen en masa las movilizaciones. En estos momentos hay entre 600 y 700 extranjeros en el naval, y muchos salieron a la calle desde sus centros de trabajo en los días previos a la convocatoria de huelga para exigir un convenio mejor. Ahora, los que se ven en las concentraciones son jóvenes, en su mayoría españoles. Tampoco hay ninguna mujer y los mayores de 45 se cuentan con los dedos de una mano. El próximo lunes, si la convocatoria de CIG cala, serán mayoritariamente los jóvenes los que inicien en Pontevedra una marcha a pie a Santiago por un convenio mejor.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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