"Las comisiones en Estepona, mayores que las de Marbella"

"Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca". Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales del caso Astapa. Un año y una semana después de que la policía pusiera patas arriba el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) con aquella operación contra la corrupción, la juez que instruye el caso, Virtudes Molina, ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones.

En la operación fueron detenidos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES y numerosos cargos y técnicos municipales, en su mayoría relacionados con el urbanismo. La apertura del secreto judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales: el actual alcalde, David Valadez (PSOE), y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, en Madrid, las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

Un convenio de 1,2 millones sirvió para pagar la campaña del PSOE local

La primera conclusión que obtuvo la policía es que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros, que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esa financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno. También se han detectado contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldos.

Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.

Los ediles iniciaron su relato explicando que en el Ayuntamiento existen tres contabilidades. En la caja A "el dinero está fiscalizado por los habilitados nacionales de carrera [interventor, secretario y tesorero] y destinados a los fines previstos por la ley". La caja B "procede de las donaciones que los empresarios realizan al Ayuntamiento para afrontar determinados gastos" a cambio de recibir "favores hacia sus intereses". Entre estos desembolsos figura el pago de la luz de una residencia de ancianos o el convenio de colaboración con la asamblea local de Cruz Roja. En una reunión a la que asistió Valadez, Barrientos supuestamente se jactó de "aplicar un impuesto revolucionario" a los promotores.

Si la caja B es dudosa, la caja C es directamente delictiva: "En ella se ingresa el dinero destinado a cuentas particulares" de la gente vinculada al Ayuntamiento. Según los denunciantes, un notario de Estepona "situó la existencia de estas cajas en el municipio vecino de Marbella".