Cientos de casos de construcción ilegal se archivarán por el giro de la Audiencia

La provincia de Cádiz fue pionera en denunciar los casos de construcciones irregulares en los que un falso certificado de obra dio, durante varios años, apariencia de legalidad a estas casas. Lo descubrieron la Guardia Civil y la policía autonómica. Lo denunció la Fiscalía y le siguieron varios ayuntamientos. Un primer auto de la Audiencia Provincial de Cádiz contribuyó a ahondar en estos casos al aceptar el planteamiento del Ministerio Público y considerar a los arquitectos imputados como funcionarios públicos.

Esta decisión permitía mantener las acusaciones contra ellos en delitos cometidos con bastante anterioridad. Pero ahora, el cambio de criterio de la Audiencia, que considera que el trabajo de los arquitectos sólo puede ser tratado como el de un particular, paralizará muchas investigaciones. La Fiscalía da por hecho que la mayoría de los casos incoados terminará archivada.

La Fiscalía de Cádiz abrió 300 diligencias por casos detectados en el último año

La Fiscalía de Cádiz ha abierto más de 300 diligencias por casos detectados en el último año en los que las viviendas se levantaban en virtud de un certificado de obra expedido por un arquitecto que simulaba una edad de la construcción muy superior a la real. Varios ayuntamientos, sobre todo el de El Puerto de Santa María (PP), remitieron a la Fiscalía el año pasado numerosos expedientes por estos casos. Eran hechos cometidos hacía años pero detectados ahora tras salir a la luz pública este tipo de prácticas. La Fiscalía se encontró con un problema. Para poder continuar con las diligencias necesitaba reclamar penas más altas y evitar la prescripción de sólo tres años que marca el delito de falsedad documental. Por eso propuso considerar a los arquitectos funcionarios públicos, para poder investigar hechos cometidos con diez años de antigüedad.

Un primer auto de la Audiencia Provincial de Cádiz le dio la razón, pero los siguientes se la han quitado. Los magistrados han consensuado una unidad de criterio para descartar definitivamente el tratamiento de funcionarios públicos para los arquitectos, por considerar que su labor es particular y que ninguna Administración les contrata. "El auto de la Audiencia está muy bien motivado y no vamos a recurrirlo. Asumimos este nuevo posicionamiento", reconoce la nueva fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro.

Ecologistas e IU coincidieron ayer en mostrar su alarma por la impunidad en la que quedarán muchas construcciones ilegales. El parlamentario Ignacio García reclamará la comparecencia del consejero de Vivienda, Juan Espadas, para que inste a la Fiscalía a buscar nuevos resquicios legales. Pero la Junta no está por la labor. "En decisiones judiciales no nos podemos meter", alegó el delegado de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro.