"Las comisiones en Estepona eran mayores que con Roca en Marbella"
La juez levanta parte del secreto del 'caso Astapa' un año después de los arrestos
"Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca". Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales conocidos del caso Astapa. Un año y una semana después de que la policía pusiera patas arriba el Ayuntamiento de Estepona (Málaga, 60.000 habitantes) con la operación contra la corrupción, la juez que instruye el caso, Virtudes Molina, ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones.
En la operación fue detenido el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES, así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo. La apertura del sigilo judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales, el actual alcalde, David Valadez (PSOE) y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron en Madrid ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.
Barrientos llamaba a las donaciones de empresas "impuesto revolucionario"
El alcalde Valadez y otra edil fueron los denunciantes de la trama corrupta
La primera conclusión que obtiene la policía es que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esta financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno.
También se han detectado contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldo. El ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, uno de los cerebros de la trama, propuso para él un complemento de 1.800 euros mensuales para que el entonces edil de Hacienda, Francisco Zamorano, lo presupueste, según la policía.
Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.
Los ediles iniciaron su relato explicando que en el Ayuntamiento existen tres contabilidades. En La caja A "el dinero está fiscalizado por los habilitados nacionales de carrera [interventor, secretario y tesorero] y destinados a los fines previstos por la Ley". La caja B "procede de las donaciones que los empresarios realizan al Ayuntamiento para afrontar determinados gastos" a cambio de recibir "favores hacia sus intereses". Entre estos desembolsos figura el pago de la luz de una residencia de ancianos o el convenio de colaboración con la asamblea local de Cruz Roja. En una reunión a la que asistió Valadez, Barrientos supuestamente se jactó de "aplicar un impuesto revolucionario" a los promotores.
Si la caja B es dudosa, la caja C es directamente delictiva: "En ella se ingresa el dinero destinado a cuentas particulares" de la gente vinculada al Ayuntamiento. Según los denunciantes, un notario de Estepona "situó la existencia de estas cajas en el municipio vecino de Marbella".
"Que los regalos se hagan de forma discreta"
Los principales implicados en el caso Astapa eran conscientes de la posibilidad de que la policía hubiera pinchado sus teléfonos y tomaron sus precauciones. El 24 de abril de 2007, el entonces alcalde Antonio Barrientos telefoneó a la que entonces era secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy. En un momento de la conversación, ésta le pregunta al alcalde si tiene teléfono fijo en su casa para "comentarle un temilla". Barrientos responde: "Yo tengo un teléfono blindado y controlado aquí en el Ayuntamiento ¿sabes? con todo tipo de medidas de seguridad, un teléfono rojo".
La discreción telefónica se extendía a los regalos que los concejales y altos cargos municipales percibían de empresarios. El abogado de la promotora Valle Romano, Daniel Delgado, estaba preparando una partida de "regalos navideños" para personas del entorno político, periodístico y empresarial de Estepona. Delgado llamó a la secretaria del responsable de la empresa y le conminó a que las dádivas fueran "una cosa discretita". "Es necesario que la entrega de regalos se haga de forma individualizada y muy discreta, de manera que nadie sepa qué regalos han recibido los otros".
Según el sumario, los imputados políticos no hacían ascos a la procedencia del dinero, siempre que éste llegara puntualmente y en metálico. El concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, pidió supuestamente 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a cambio de otorgar licencia para el Club Oasis, un local de alterne. Los imputados exigieron el dinero en dos plazos mientras los vecinos de la zona protestaban por la implantación del prostíbulo en su vecindario.
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