El dinero de los agravios

El Consell ha cuantificado los agravios del Gobierno central de la siguiente manera: 2.156 millones de euros en "incumplimientos"; 3.762 millones en "discriminaciones"; 1.200 millones de inadecuada financiación autonómica; y 2.340 millones extra en inversiones estatales si se hubiese tenido en cuenta la población real de la Comunidad Valenciana. En total, según las cuentas del Consell, el maltrato del Gobierno central asciende a cerca de 10.000 millones de euros.

En materia de incumplimientos, el Ejecutivo que preside Francisco Camps incluye 140 millones para la ley de Dependencia; 30 millones para crear una Fundación de la Biodiversidad; 22 millones para plantar 4,5 millones de árboles; 60 millones para un centro internacional de nuevos creadores y un Museo Internacional del Mediterráneo; 429 millones para crear 30.000 plazas escolares para niños de 0 a 3 años.

A estos incumplimientos añade 540 millones en la conexión de la A-7 hasta Tarragona o en las circunvalaciones de Castellón-Benicàssim y Vinaròs-Benicarló; 20 millones para la potabilizadora de l'Assut de la Marquesa; 45 millones para el segundo hospital de La Marina Baixa; 50 millones para el Centro de Investigación Biomédica; 11,4 millones para condonar los préstamos a los damnificados por la rotura de la presa de Tous; 150 millones para incorporar 5.000 investigadores a la Comunidad Valenciana; 24 millones para un centro internacional de Culturas Mediterráneas y 4 millones para el parador de Morella.

La lista de incumplimientos se completa con promesas no cuantificadas como la autovía A-68 hasta Vinaròs; la variante N-340 entre Castellón y Benicàssim; la segunda fase de la ampliación del aeropuerto de Manises; la circunvalación de La Safor y obras en el puerto de Gandia. El Consell añade también la comisaría de Vinaròs; los cuarteles de Onda y Almassora; 60 hectómetros cúbicos de agua para Castellón y 3.000 puestos de trabajo para personas discapacitadas en Alicante.

La relación de discriminaciones elaborada por el Consell no es menos extensa. Ésta incluye la pérdida de 1.200 millones en fondos europeos; la derogación del trasvase del Ebro; la falta de apoyo a los grandes eventos; el AVE a Alicante y Castellón; el retraso en la licitación de 850 millones en carreteras; la concesión de solo 76 de los 121 juzgados solicitados; la nula o poca inversión en el Palau de les Arts y el nuevo hospital La Fe y la falta de fondos para inmigración y educación.