Iberdrola recurre el fallo que anula la licencia de la subestación

Los vecinos de la subestación eléctrica de Patraix sacaron ayer el cava para celebrar la sentencia que ha anulado la licencia de actividad inocua concedida a la instalación por el Ayuntamiento de Valencia. Y mientras ellos se congratulaban, la empresa Iberdrola comenzó a preparar el recurso contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia.

El conflicto, que comenzó a gestarse hace ya seis años, continuará así abierto en los tribunales, donde quedan otros recursos pendientes. Pero a los vecinos, de momento, la sentencia les ha levantado "el ánimo", afirmó ayer Rafaela Amezcua, presidenta de la asociación de vecinos de Favara, que centra la oposición vecinal a una subestación rodeada de viviendas y que sufrió una explosión en mayo de 2007 que alarmó a todo el barrio. "La sentencia declara nula la licencia de actividad porque considera que la subestación es peligrosa", recalcó Enric Bataller, abogado de los afectados. El fallo se apoya en pronunciamientos anteriores que relatan las idas y venidas de la licencia y consideran arbitraria la decisión municipal de calificar de inocua la subestación. "Fue una irresponsabilidad", aseguró Tomás Frutos, portavoz de la comisión pro traslado de la subestación.

Para los vecinos, Iberdrola y Red Eléctrica Española tendrán ahora muy difícil pedir una reapertura provisional como la del pasado enero, cuando la central volvió a funcionar un tiempo por una avería en otra subestación. Para Bataller, la sentencia será un referente en la tramitación de nuevas subestaciones, ya que deja sentado que se trata de una actividad regida por el reglamento de actividades molestas y peligrosas.

En esa línea, la concejal socialista Carmen del Río manifestó que el fallo "restituye el sentido común" que no debió "perder" el PP al optar por dar un permiso de actividad inocua. "No es peligrosa y cuenta con los permisos de autorización necesarios", insistieron desde Iberdrola.

Por su parte, la alcaldesa, Rita Barberá, echó balones fuera y destacó que se consultó a la Generalitat y ésta determinó que la subestación no necesitaba licencia de actividad calificada. La sentencia, por el contrario, recrimina al Consistorio que se escudara en "un simple oficio" sin motivación. Barberá recordó que ordenó el cierre de la subestación tras la explosión y emplazó al Gobierno a cumplir el compromiso de su traslado. Los vecinos insistirán en que se desmantele la central cuanto antes.