Espejismos y contradicciones en el laberinto vasco

A partir del pacto de Lizarra-Garazi y durante el mandato de Ibarretxe, la dirección política del nacionalismo vasco confundió reiteradamente plantear propuestas de avances para el autogobierno -Nuevo Estatuto Político, consulta- con sostener ese proceso en el apoyo parlamentario de quienes -como el llamado MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco)- están enfrentados mediante una estrategia politico-militar a la democracia parlamentaria. Así, mientras se pretendían dar pasos en la construcción nacional, se marginaba a los representantes de cientos de miles de electores obligados a sobrevivir con guardaespaldas; y al mismo tiempo que se recurría al exorcismo político "¡ETA, sal de Euskadi!", el Gobierno vasco se apoyaba para sus iniciativas en la misma izquierda revolucionaria que había condenado a muerte a la oposición.

Orillar problemas identitarios o exacerbarlos no resolverá los socio-económicos

Desde Ajuria Enea, como si se tratara de un castillo danés, el discurso de Ibarretxe, en lugar de expresar una duda, se afirmaba en una esquizofrenia política: "To be and not to be", ser y no ser, izan eta ez izan. Con más interés por la patria que por el pueblo a la hora de configurar y promover sus proyectos, el nacionalismo vasco no ha querido durante años reconocer su minoría parlamentaria y ha contabilizado los apoyos del MLNV a las sucesivas investiduras de Ibarretxe y a sus propuestas políticas como si se tratara de una coherente y homologable mayoría parlamentaria, nacionalista y democrática. Sin embargo, a consecuencia de las ilegalizaciones, y dado el desprestigio irreversible de la violencia en la sociedad vasca, el anillo de fraternidad abertzale ha terminado por resultar fatal para los intereses electorales del nacionalismo, incapaz de alcanzar una mayoria para gobernar sin el apoyo del MLNV.

Por otro lado, con el Gobierno socialista parece que nos encaminamos a que Patxi López pueda perder de vista que tampoco tiene atribuida una mayoría, aunque paradójicamente cuente con los suficientes escaños. Así, si contabilizamos los siete parlamentarios que los electores cuyo voto fue anulado atribuyeron al MLNV, resulta que en el Parlamento vasco, de un total de 75 escaños, el PSE y el PP junto con UPyD sumarían 35, frente a los 33 de PNV, EA y Aralar. De esta manera, aunque el constitucionalismo español haya vuelto a superar en escaños al nacionalismo vasco (ya lo hizo con anterioridad en las elecciones de 2005), sigue sin contar, como le aconteció a Ibarretxe, con una mayoría electoral democráticamente homologable o suficiente.

No pretendo poner en duda que la democracia parlamentaria debe contar con recursos para impedir concurrir electoralmente a organizaciones político-militares y que, por consiguiente, los resultados que distribuyen escaños entre las fuerzas políticas representadas resultan plenamente legales. Pero sí me parece que sobre semejantes minorías electorales no va a ser posible atender con posibilidades de éxito a la resolución de cuestiones que gravitan sobre la sociedad vasca y la debilitan desde hace generaciones.

Aunque algunos pueden interpretar que en este momento existen otras prioridades o, incluso, que el nacionalismo fuera del poder irá disolviéndose progresivamente, cabe también prever que podríamos estar en el comienzo de un periodo de creciente fragilización social y noraeza o bamboleo político. Por otro lado, la clase político-mediática no deja de dar reiteradas muestras de carecer, en su configuración partitocrática, de los adecuados recursos humanos y capacidad de liderazgo. La innovación a la que últimamente invoca la tecnocracia como si fuera un sortilegio debiera tener como principal destinatario a quienes disponen por voluntad popular de la gestión de inmensos recursos. Hará falta mucho más que un nuevo guión para evitar que la iniciada legislatura vuelva a caracterizarse por su recurrente mediocridad. Orillar problemas identitarios o exacerbarlos no va a conducir a resolver los socio-económicos.

La fractura nacional entre la población vasca no va a desaparecer ni a resolverse mediante la imposición o negación de identidades nacionales. En lugar de mantenerse en una ruta de enfrentamiento, tanto el nacionalismo como el constitucionalismo debieran preparar el terreno para un gran acuerdo político. Unos y otros tienen diversos caminos que transitar. Al nacionalismo vasco le corresponde asumir como prioridad la deslegitimación de la violencia, desvinculándola del conflicto político. Pero el arreglo de la cuestión vasca no va a llegar, como pretenden otros, a través de la transferencia de más o menos materias y competencias.

En mi opinión, para poder ir avanzando en una solución democrática hará falta transitar hacia un nuevo marco donde el poder político renuncie a imponer una determinada identidad nacional a la población, tal y como ya ha sucedido en Europa con la renuncia del Estado a establecer una misma confesión religiosa para toda la población. En un marco trans-nacional de convivencia a escala europea, la vecindad administrativa debiera pasar a ser el eje para el ejercicio de los derechos políticos, reconociéndose un derecho a la identidad nacional como parte de los derechos del ciudadano.

Iñigo Bullain es profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la UPV-EHU.