Sólo una decena de los 27 países de la UE recibirá detenidos

En torno a una decena de países de los 27 de la Unión Europea han manifestado su voluntad de acoger ex presos de Guantánamo. Que sólo sean una minoría pone de relieve lo complejo de un ejercicio que ha alineado en frentes distintos a la UE y a Estados Unidos, a unos y otros Gobiernos de la UE y, dentro de ellos, a ministros del Interior (más cautos y resistentes a abrir la mano) y a ministros de Asuntos Exteriores (más flexibles y dispuestos a cooperar con Washington).

Portugal fue el primer país en abogar por la recepción de quienes no tienen que estar en Guantánamo, gesto político que secundaron España, Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Reino Unido y alguno de los países nórdicos y bálticos. Ha sido un proceso largo y difícil, que ha mostrado de nuevo la diferencia que hay entre predicar, en lo que nadie gana a la UE, y dar trigo.

La UE, que exigía a Estados Unidos el cierre del penal, ha necesitado casi seis meses para dar con la fórmula que permita recibir a los "aptos para la liberación" de Guantánamo. La fuente principal de conflicto estriba en que, como consecuencia del Tratado de Schengen, quienes entran en un país de la Unión pueden luego moverse libremente por todos los adscritos a Schengen (22 de la UE más Islandia, Noruega y Suiza).

Cada Gobierno puede tener sus razones para negarse a la acogida (políticas, jurídicas, sociológicas, de seguridad nacional), aunque ha habido quienes no se han roto la cabeza en explicaciones. "Si no son peligrosos, ¿por qué no se quedan en Estados Unidos?", dijo la ministra austriaca del Interior, María Fekter, al anunciar que su país no recibiría a nadie.

Protocolo interno

A primeros de este mes, los Gobiernos de la Unión, por medio de sus ministros del Interior, acordaron el protocolo interno de trabajo que exige a todo país que vaya a colaborar con Estados Unidos la reclamación de toda la información disponible sobre el potencial liberado, para tomar una decisión perfectamente informada sobre el caso. Además, el Gobierno en cuestión mantendrá puntualmente informado de sus gestiones a todos los demás, que podrán hacer sugerencias o comentarios. En cualquier caso, se reconoce que la responsabilidad de si acepta, cómo y con qué condiciones, a antiguos reclusos, es exclusiva de ese Gobierno.

Hace una semana, un nuevo acuerdo fijó los términos del proceso. Esta vez fueron los responsables de Exteriores quienes intervinieron. En su afán de ayudar a Obama, renunciaron a la inicial pretensión europea de que Estados Unidos también acogiera ex detenidos.