El Supremo aclara que cabe recurrir la pérdida de puntos tras el 'pronto pago'

Los conductores pueden beneficiarse del descuento por pronto pago de las multas de tráfico y al mismo tiempo recurrir la retirada de puntos del carné de conducir. Lo ha avalado el Tribunal Supremo en una sentencia, en la que rechaza el recurso presentado en junio de 2006 por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) contra el nuevo permiso. Aunque el alto tribunal sólo cuestiona dos aspectos del sistema de puntos, asegura que la normativa que lo introdujo "no es precisamente un modelo de técnica legislativa".

La sentencia establece que el conductor sancionado puede impugnar no sólo la pérdida total sino también la pérdida parcial de puntos, y que puede recurrir la multa pese a haberla pagado para obtener la reducción del 30% de su importe.

En lo que se refiere a la pérdida parcial de puntos, el Supremo considera "indudable" que el sancionado tiene a su alcance "todos los medios de alegación y de prueba", por lo que podrá hacer uso de ellos frente a la sanción y a la pérdida parcial de puntos que ésta lleve aparejada cuando sea firme.

En otro apartado dice que la sanción podrá impugnarse "en los casos en que el interesado hubiese obtenido una reducción del 30% sobre la cuantía de la multa, por haber realizado el pago de su importe durante los 30 días naturales siguientes al de la notificación del boletín de denuncia".

Según el subdirector de Normativa de la Dirección General de Tráfico, Ramón Ledesma, los conductores "actualmente ya podían recurrir las sanciones y la pérdida de puntos, aunque se hubiesen acogido al pronto pago [30% de descuento]". Por lo que, en su opinión, la sentencia del Supremo no supone ninguna novedad.

En cambio, la opción de aprovecharse del pago rápido y al mismo tiempo presentar alegaciones podría tener los días contados con la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que se aprobó precisamente ayer en el Congreso con 193 votos a favor, dos en contra y la abstención del PP (137 votos). La norma, que inicia ahora el trámite en el Senado, podría entrar en vigor la próxima primavera.

En el artículo 80 del proyecto aprobado se establece que quienes paguen la sanción en un plazo de 15 días naturales obtendrán la reducción del 50% del importe de la sanción, a cambio de renunciar a presentar alegaciones y, por tanto, se da por terminado el procedimiento administrativo "sin necesidad de dictar resolución expresa". A partir de ahí queda abierta la posibilidad de presentar un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según Ledesma, la sentencia del alto tribunal no tendrá ningún efecto en la nueva Ley de Seguridad Vial, porque ahora "se ha pronunciado sobre un reglamento y no sobre la futura norma, algo que correspondería al Constitucional".

El Gobierno espera que cuando entre en vigor el nuevo texto se puedan cobrar todas las multas, ya que actualmente cerca del 30% no se paga, y en los ayuntamientos ese porcentaje puede llegar al 70%.

Las medidas contra los conductores con multas pendientes se endurecerán, ya que quien tenga dos o más multas firmes pendientes por infracciones graves o muy graves no podrán hacer gestiones en Tráfico relacionadas con los vehículos de los que es titular. Incluso se contempla la inmovilización del vehículo cuando los agentes comprueben estas deudas pendientes. No identificar al conductor que ha cometido una infracción y utilizar inhibidores de radar también serán conductas más castigadas. De hecho, los conductores cazados con esos sistemas para eludir los radares serán castigados con una multa de 6.000 euros. Tampoco se podrá pasar la ITV si no se acredita el pago del seguro. Además, se elimina el margen de permisividad de 10 kilómetros por hora en multas de velocidad. Se pagarán 100 euros desde el primer kilómetro de exceso.