Unanimidad para aprobar las reivindicaciones de los jueces

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer por unanimidad la reforma de 15 leyes procesales para la implantación de la nueva Oficina Judicial con la incorporación de más de 200 enmiendas al texto, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

Las enmiendas aprobadas incluyen las principales reivindicaciones de los jueces, por las que ya hicieron una huelga en febrero y plantearon otra en junio. Por ejemplo, los jueces protestaron contra la intención de dejar en manos de los secretarios judiciales la competencia para señalar las vistas. Una enmienda aprobada ayer mantiene el control de los jueces sobre la agenda de la Oficina Judicial. No obstante, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, aseguró que el artículo resultante es "manifiestamente incomprensible".

Según dijo, se trata de mantener la equidistancia entre jueces y secretarios para evitar conflictos.

La Comisión también aprobó otras enmiendas incluidas en esa norma y que se refieren a la limitación de la jurisdicción universal. A esta reforma se opone el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV y aún deberá votarse en el pleno del próximo jueves, 25 de junio, por tratarse de una ley orgánica.

Grabación de las vistas

La nueva ley establece la grabación de las vistas de modo general en cualquier orden jurisdiccional y no sólo en el civil como ocurre ahora.

Para el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, el texto aprobado por la Comisión con competencia legislativa plena -de ahí que pase directamente al Senado- es "una reforma imprescindible y un punto de partida para empezar a recorrer el camino de la modernización del servicio público de la Justicia".

Villarrubia considera que "de esta manera se hará posible la transformación de las actuales estructuras judiciales tributarias del siglo XIX en una Administración moderna y ágil en su funcionamiento en pleno siglo XXI, mediante una redistribución de funciones y de recursos propios más racional".

El portavoz de CiU, Jordi Jané, retiró enmiendas al recibir el compromiso del Gobierno de que antes de final de año remitirá al Congreso el desarrollo legal de los preceptos sobre Justicia del Estatuto de Cataluña. Es decir, la creación de los consejos autonómicos como órganos descentralizados del Consejo General del Poder Judicial y la atribución a los Tribunales Superiores de Justicia de competencias del Tribunal Supremo.