Camps defiende la concesión del aeropuerto de Castellón

Gerardo Camps, vicepresidente económico del Consell, defendió ayer con vehemencia los términos del contrato de concesión de la explotación del aeropuerto de Castellón a pesar de la suspensión del proyecto del Centro de Ocio Mundo Ilusión con los miles de viviendas que preveía. Camps aseguró ante la comisión de Coordinación en las Cortes que "el aeropuerto será viable con ocho operaciones al día".

El diputado socialista José Camarasa quiso saber si el Consell se había planteado negociar alguna modificación del contrato con Concesiones Aeroportuarias (CA), la sociedad que construye y explotará la infraestructura. El contrato establece un umbral mínimo de tránsito de 600.000 pasajeros en 2010. La Generalitat compensará a CA con seis euros por cada pasajero por debajo de esa cifra. El umbral sube a 744.000 pasajeros un año después y hasta 832.000 el año siguiente.

"No olvidemos que somos una comunidad de servicios"

"El hecho de estar en crisis no está previsto como causa de modificación del contrato de concesión del aeropuerto de Castellón", replicó Camps, "ni de ningún otro contrato en España". El vicepresidente subrayó que 600.000 pasajeros son en realidad 300.000 pasajeros "entrantes y salientes" y que el umbral de pasajeros es "por arriba y por abajo", de modo que si se superan los topes establecidos, será CA quien pague a la Generalitat. "¿Me pedirán entonces que modifique las condiciones del contrato?", retó Camps. El vicepresidente apuntó que Castellón es la única provincia del Arco Mediterráneo desde Gerona hasta Cádiz que no tiene aeropuerto, una infraestructura necesaria cuando "los territorios compiten unos con otros", y defendió su necesidad para atraer turistas, con este argumento: "No olvidemos que somos una comunidad de servicios".

Gerardo Camps recurrió a la misma reflexión -"somos una comunidad de servicios"- para defender la oportunidad de todos los grandes proyectos, incluida la posibilidad de culminar el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia con tres torres de hasta 300 metros diseñadas por Santiago Calatrava.

Camarasa quiso conocer la situación actual de un proyecto "faraónico" que se anunció hace cuatro años y parece haber perdido fuelle ante la gravedad de la crisis económica pero por el que ya se han pagado casi 17 millones de euros al arquitecto. El diputado socialista recordó que varias obras del "proyectista" se han torcido por "su incapacidad manifiesta para controlar los gastos de ejecución". Camarasa preguntó si el Consell se ha planteado "reducir, redimensionar o rescindir" el contrato que atribuye a Calatrava la dirección facultativa de las obras, si algún día llegaran a ejecutarse.

Camps explicó que el Consell todavía está pendiente de un trámite judicial, un incidente de inejecución, porque el mismo tribunal ha dictado dos sentencias contradictorias sobre los usos de la parcela sobre la que se deben levantar las torres. Una vez despejado ese problema jurídico, será cuando el Consell afronte la venta de la parcela, proyecto incluido. "No prejuzguemos, no nos adelantemos a los acontecimientos", concluyó.