Agentes sociales y Gobierno apremian a la concertación pero sin plazos

Prisas tienen todos, pero ninguno quiere aventurar una fecha tope para la firma del VII Acuerdo de Concertación Social. Los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y el Gobierno andaluz se apremiaron ayer a acordar cuando antes un nuevo diseño económico para los próximos años. Pese a las diferencias iniciales, todos dejaron clara su voluntad de reeditar un modelo de acción que viene funcionando con éxito desde 1993, también en pleno estallido de la última crisis económica. Los sindicatos quieren firmar antes de irse de vacaciones en agosto; los empresarios, en otoño; y el Gobierno, mejor en julio que en septiembre, aunque "lo importante es que se produzca", subrayó la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien está ya en plena elaboración de los presupuestos autonómicos para 2010.

Se ignora la cifra exacta de familias que han agotado la prestación social

Las tres partes, bajo la presidencia de José Antonio Griñán, escenificaron ayer el comienzo de las reuniones en la que habrá tropiezos. El secretario general de la UGT, Manuel Pastrana, fue el que los verbalizó con mayor claridad. "Los empresarios todo lo que sean políticas públicas sociales lo consideran una pérdida de recursos y no quieren ningún tipo de control en las ayudas a las empresas; y todos los gobiernos tienden a gobernar sin contar con los demás".

El documento de inicio del acuerdo es un índice temático dividido en dos bloques: de un lado, figuran acciones contra la crisis y la reactivación de las empresas; y por otro, figuran propuestas para promover un cambio estructural en la economía andaluza. De aquí, colgará el plan Andalucía sostenible prometido por Rodríguez Zapatero, al que los empresarios les parece muy bien, aunque prefieren el apoyo al modelo tradicional, es decir, la construcción, el turismo y la industria agroalimentaria.

CC OO y UGT pusieron el acento en las medidas que impidan la destrucción de empleo y la protección a través de planes de formación de parados que han agotado su prestación. El problema es que nadie sabe con datos certeros cuántas familias están en esa situación. A través de la Encuesta de Población Activa se puede tener una "aproximación", pero sólo con un cruce de datos fiscales (en manos de Hacienda) se podría obtener una cifra exacta y, sobre todo, real, reconoció Economía.

Martínez Aguayo no aventuro una dotación presupuestaria para el acuerdo. El anterior (2005-2008) movilizó capital público por 11.500 millones de euros y sumó 13.500 del sector privado. Por el momento, Andalucía no rebajará aún más sus previsiones de crecimiento para 2009, por la "volatilidad" de las estimaciones de los expertos.