El crimen organizado ha reclutado a 8.000 personas en Andalucía

Andalucía tiene 81 grupos asentados de delincuencia organizada, aunque actúan en territorio andaluz hasta 132 bandas en mayor o menor medida. La memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hace una semblanza de esta especialidad delictiva con datos de la Policía. Entre sus conclusiones incide en que hay unas 8.307 personas dedicadas a esta actividad en la región, la mitad de las que hay en toda España, donde contabilizan 16.379, pero que sólo 4.303 personas forman parte de grupos asentados en la comunidad.

La Fiscalía del TSJA destaca que los grupos instalados han experimentado un crecimiento "muy leve" -inferior al 4%- en los últimos años, sobre todo si se compara con ritmo de implantación del resto del país, donde han subido un 17%.

Buena parte de estos resultados se deben, según las apreciaciones fiscales, a la actividad de los grupos policiales especializados desplegados en las zonas costeras, en especial de los Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), ya que de los 13 existentes en España, cinco están destinados de forma permanente en Andalucía.Málaga ocupa la tercera posición en la clasificación nacional de implantación de las mafias, con Madrid y Barcelona por delante. La provincia malagueña es la única andaluza con un nivel "muy alto de riesgo" en esta modalidad delictiva, seguida de Sevilla y Cádiz, que tienen un "índice alto" de riesgo. Granada, Huelva, Almería y Córdoba tienen un "índice medio" y Jaén, riesgo bajo.

En el último año, la Policía Nacional ha detenido a 1.394 personas por estas actividades, lo que supone un 42% del total de detenidos en España, y han actuado sobre 91 grupos.

La memoria no especifica las detenciones de la Guardia Civil, que también cuenta con un Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) para Andalucía con cuatro años de vida y radicado en la Costa del Sol.

Según la Fiscalía andaluza, la mayor parte de los integrantes de estos grupos son españoles, aunque también destacan los imputados de nacionalidad nigeriana, marroquí, rumana, colombianos y, en menor medida, ucranianos, rusos o paquistaníes. En Málaga abundan los detenidos de origen británico.

Las bandas que actúan en la región suelen tener una media de 62 personas, según los datos fiscales, mientras que en el resto de España rondan los 43 integrantes. Sus actividades se encaminan principalmente al tráfico de hachís (47%) y cocaína (45,5%), el blanqueo de capitales (41,7%) o la tenencia y tráfico de explosivos (13,6%). Rara vez se concentran en un único delito y van experimentando con nuevas formas delictivas que la fiscalía del TSJA considera "preocupantes", como el robo de vehículos de lujo, asaltos en viviendas con violencia sobre los moradores, estafas o la inmigración clandestina enfocada a la explotación laboral o sexual.

El balance de 2008, también incide en otras situaciones menos usuales, sobre las que los fiscales solicitan un análisis detenido, como las redes de matrimonios ilegales, el secuestro, el cohecho o la prevaricación administrativa asociada al beneficio económico.

Para incluir estos grupos delincuenciales en la categoría de crimen organizado se tiene en cuenta una lista de diez parámetros, de los que las organizaciones deben cumplir al menos seis. Deben ser un grupo numeroso en el que haya reparto de roles y que actúen de forma prolongada en el tiempo. Los delitos que se les atribuyan han de tener especial gravedad, y el uso de la violencia ha de ser sistemático. Se trata de bandas con carácter transnacional o de intensa movilidad territorial que utilizan "alta tecnología para las comunicaciones, destrezas financieras en el manejo de los fondos y distintas formas de relación con la función pública", añade el informe.

Entre sus características también está la creación de estructuras económicas o comerciales para blanquear dinero y la capacidad de influencia sobre políticos, medios de comunicación social o funcionarios de la Administración Pública o de la Administración de Justicia mediante la corrupción.

La Fiscalía del TSJA incide en la necesidad de crear instrumentos que permitan dar cobijo y protección en otros países de la Unión Europea a los testigos en la lucha antimafia, como los afectados por las redes de prostitución o inmigración ilegal. También destaca la labor de la Fiscalía de Málaga en materia de cooperación judicial internacional, con el embargo de bienes procedentes de actividades delictivas que estaban radicados en otros países o el aseguramiento de pruebas para estos casos.