Un vacío legal impidió a dos sordos estar en una mesa electoral

El sorteo decidió que José Miguel Troyano presidiera el domingo pasado una mesa electoral. Pero la Junta Electoral Central se lo impidió. Lo mismo le ocurrió a Alberto Rodríguez, que era primer vocal suplente en otra mesa. Ambos son sordos y están "indignados por esta discriminación", por lo que van a quejarse oficialmente ante el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo a través del Comité de entidades representantes de personas con discapacidad (CERMI) y la Federación de personas sordas de Madrid.

La Junta Electoral Central se valió de un vacío legal para impedirles ocupar sus cargos, al faltar una disposición reglamentaria que desarrolle la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Una disposición que, según la Ley, de 2003, debería aprobarse en el plazo de dos años. En el CERMI denuncian que "la Junta ha mostrado falta de conocimiento de las normas, haciendo un juicio de valor poco objetivo y sin sensibilidad"."En otras comunidades como Murcia", explicó Javier Font, presidente del CERMI, "sí han tenido la sensibilidad que aquí no". Para Font, este caso es de discriminación total pues existe una normativa que ampara a las personas con esta discapacidad, y, a su juicio, la Junta Electoral Central ha pasado de aplicarla.

Los dos afectados explicaron cómo, tras enterarse de que tenían que estar en una mesa electoral, acudieron a Fesorcam para solicitar un intérprete de signos para ese día. Ambos informaron a la Junta Electoral de su discapacidad y de que acudirían con el intérprete, por lo que les sorprendió mucho que les denegaran el participar. "A mí me hacía ilusión ver cómo funciona todo", se lamentaba Alberto Rodríguez, que acudió a la mesa asignada en Humanes acompañado de toda su familia como apoyo y se sintió "un esclavo a las órdenes de la Junta".

En el escrito que ambos recibieron, la autoridad electoral argumenta que las circunstancias de la mesa se caracterizan por la "perentoriedad e inmediatez en la resolución de cuestiones". Algo que, dicen, es utilizado normalmente como excusa por las personas discapacitadas y por lo que el legislador ha "previsto una posible adaptación de la normativa electoral".

"Nos consideran unos incapacitados", se quejaba José Miguel, "como si no pudiéramos llevar a cabo esta función". Él quiso "hacer acto de presencia" en la mesa que presidía en el colegio Giner de los Ríos, aunque ya se "olía algo". La sorpresa se la llevó Alberto, al ver que ni siquiera estaba en la lista de miembros de la mesa. "El día que nos explicaban todo ya me sentí discriminado", explicó ayer. "Preguntaba y no me hacían ni caso".