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Reportaje:

Ni funcionarios ni precarios

Entre la temporalidad y el empleo fijo, cien economistas proponen una tercera vía para flexibilizar el trabajo - El coste del despido no es lo único que hay que revisar

El mercado laboral español es el más flexible de Europa. Y también el más rígido. Sí, a la vez. Por eso, quien más, quien menos, corrobora que el español es un mercado laboral enfermo. Diagnóstico: esquizofrenia. Cuando ha reinado la bonanza económica, ha sido capaz de generar a todo gas más de siete millones de puestos de trabajo en una década, la mayoría en sectores de baja productividad como la construcción. Pero en las fases recesivas, demuestra ser un globo fácil de pinchar, un bluf. De golpe, en un año, se ha evaporado más de un millón de empleos. En mayo hubo alivio, pero el listón de los cinco millones de parados sigue a la vista.

Gobierno, empresarios y sindicatos desean que, de esta ruina económica, el mercado laboral salga, si no completamente curado, sí al menos un poco más sano. El problema radica en que se pongan de acuerdo sobre la medicina a tomar. El objetivo del Ejecutivo es la cuadratura del círculo, una tercera vía que no entierre derechos sociales y que bendigan todas las partes. El manifiesto a favor de un contrato único (indefinido y con un coste de despido creciente con la antigüedad), respaldado por un centenar de economistas, se propone como esa tercera vía, aunque la iniciativa ha suscitado rotundo rechazo sindical y ya se ha gestado su correspondiente contramanifiesto.

El Gobierno condiciona la iniciativa al acuerdo entre las partes

Los firmantes creen que sin estabilidad no habrá otro modelo productivo

Un manifiesto apoya un contrato único con indemnización creciente

España destaca en Europa por el coste elevado del despido improcedente

En 2006 se pactó un contrato de fomento del empleo con 33 días por rescisión

UGT: "Pueden destruirse un millón de empleos de un plumazo"

El Gobierno se muestra abierto a la iniciativa, pero la condiciona a que suscite acuerdo entre las partes. Y no es el caso. "Sólo se hará aquello que acuerden los agentes sociales. Y está claro que desde posiciones extremas será difícil alcanzar un pacto", enfatiza la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, que declina pronunciarse en concreto sobre un manifiesto del que es firmante el nuevo secretario de Estado de Economía, el profesor de IESE José Manuel Campa. "Toda propuesta necesita tener en cuenta lo que ya existe, debe refundirse, integrarse", añade Rojo, en alusión a las distintas tipologías de indemnizaciones vigentes ya en caso de ruptura de contrato y hasta 40 clases de bonificaciones que hay para incentivar la contratación.

Un ejemplo de algo que ya existe y que la secretaria de Empleo "vería bien ampliar" a más trabajadores: el contrato de fomento del empleo indefinido que, desde 1997, se ha ido introduciendo para varios colectivos -los de mayores de 45 años, los jóvenes de hasta 30 años, los parados que lleven seis meses sin empleo, todos los discapacitados, las mujeres contratadas en sectores copados por hombres o los contratos que pasen de temporales a fijos-. Este contrato, reforzado a raíz de la reforma laboral de 2006, y del que se firmaron 236.380 en 2008, tiene de gancho para el empresario un coste de despido de 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades, en lugar de los 45 días en caso de despido objetivo improcedente, con tope de 42 mensualidades.

"Una posible vía de solución sería extender esta modalidad de contratación indefinida (con 33 días de indemnización por despido y 24 mensualidades) al colectivo que en 2006 quedó fuera: hombres trabajadores entre 30 y 45 años de edad. ¿Por qué no? En 2006 hubo una vía de acuerdo que podría ampliarse", comenta Rojo, quien no aclara si eso va a ser una propuesta formal del Gobierno a las partes. En todo caso, el Ejecutivo asegura querer combatir la esquizofrenia, la "dualidad" del mercado laboral español. El alud de bonificaciones para la contratación indefinida a partir de 2006 ha ayudado a incorporar al mercado laboral a algunos colectivos "pero no está bastando para crear nuevo empleo", admite el Gobierno.

Recapitulemos. ¿Por qué afirman los sindicatos que el mercado laboral español es el más flexible? Cada mañana, casi un tercio de los ciudadanos que van al tajo penden de un empleo tan frágil como la choza de paja del cuento de Los tres cerditos, que, al primer soplido de crisis, se derrumba. Con el deterioro económico, la primera grasa que se quitan las empresas con problemas sobrevenidos de sobrepeso es la del empleo temporal, porque de esos contratos con fecha de caducidad es posible prescindir a cambio de muy poco dinero (ocho días por año trabajado); a veces, el coste es cero. Los temporales lo tienen difícil para alquilar un piso, no digamos para obtener un crédito. Carecen de estabilidad laboral y los empresarios no se sienten incentivados a invertir en formarles.

¿Por qué proclaman entonces los empresarios que el español es el mercado laboral más rígido? Cuestión de analizar qué ocurre con los restantes dos tercios de los trabajadores con nómina. Por seguir con el cuento de los cerditos, su casa está construida a prueba de enérgicos soplidos, a prueba de recesión. No es que, pase lo que pase, el empresario esté obligado a quedarse con la plantilla. "En la práctica, en España existe ya el despido libre, lo que ocurre es que es caro", resume José Antonio Sagardoy, presidente del despacho especializado en Derecho Laboral Sagardoy Abogados.

Romper un contrato indefinido sale más costoso en España que en la mayoría de países vecinos: son 45 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades, a menos que se trate de despidos procedentes, en que la indemnización es de 20 días. Y jugar con requerir de más o menos manos en función de los vaivenes de la cambiante demanda se complica para las empresas, a lo que se suman los corsés de los que a veces peca la negociación colectiva. Sagardoy realizó hace un tiempo un estudio comparado sobre el coste del despido improcedente de un trabajador que llevara 10 años en la misma empresa, con una remuneración anual de 24.000 euros. La indemnización en España sería de 36.031 euros, frente a los 5.917 euros de Dinamarca, los 6.443,5 euros de Irlanda.

Holanda, donde el resultado no sería tan distinto (35.505 euros) introdujo el año pasado una rebaja del coste del despido a 15 días por año trabajado para los menores de 40 años, explica el profesor de economía holandés Marcel Jansen, que enseña en la Universidad Carlos III y que es uno de los promotores del manifiesto por el contrato único que ha acabado de caldear el debate sobre la reforma laboral. Fuentes de la negociación aseguran que, "para el Gobierno, no está archivado". Los sindicatos dicen no.

"Esta propuesta busca perpetuar la precariedad y detrás de ellas se esconde la pretensión de que España no puede salir de la crisis sin abaratar el despido. Si todos reconocen que el origen del problema no es laboral, una reforma sería un remedio que no produciría los efectos deseados", replica Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, para quien "hablar de rigidez laboral cuando pueden destruirse de un plumazo más de un millón de empleos es un chiste".

"En el mercado de trabajo español hay flexibilidad, pero es una flexibilidad muy mal repartida, insolidaria e injusta, porque recae sólo sobre los temporales. ¡Nunca vamos a cambiar de modelo productivo si no contamos con unas relaciones laborales estables!", enfatiza Jansen, molesto por el hecho de que el debate público sobre su propuesta se limite a lo que cuesta el despido. "No buscamos abaratar el despido, sino distribuir de forma más equitativa la situación y dar más flexibilidad al mercado laboral sin quitar derechos". Los sindicatos afirman lo contrario. "Éstos no tienen el monopolio de hablar del mercado laboral y no parece importarles mucho la situación de los temporales", espeta otro de los firmantes, Javier Díaz Giménez, profesor de IESE, quien enfatiza que, de los 19 millones de trabajadores, 11 millones son contratos "indefinidos extraprotegidos, casi blindados", frente a siete millones "en precario, muchos de ellos autónomos formales".

El manifiesto propone una única modalidad de contrato indefinido (hoy existen 17) para todos los nuevos contratos (no los vigentes). Pero el tope máximo para el aumento -progresivo- de las indemnizaciones en caso de rescisión se pide que quede por debajo de los 45 días. Propone incentivar la búsqueda de empleo graduando la prestación por paro de forma que sea mayor al principio y vaya menguando después. Durante lo peor de la crisis, propone alargar la protección de los parados. También sugiere abrir al sector privado las políticas activas para ayudar a recolocar a un desempleado, en competencia con el Inem, como en Dinamarca o los Países Bajos. O superar la negociación colectiva allí donde las empresas se pongan de acuerdo con sus trabajadores.

"Toda la argumentación de una reforma laboral no puede basarse sólo en una comparativa sobre el coste del despido en Europa. No puede pasarse por alto toda la cultura de diálogo social de nuestro país", reflexiona el catedrático de Derecho del Trabajo Salvador del Rey, socio del área laboral, además, del bufete Cuatrecasas. Aun así, Del Rey considera "realistas" las propuestas que buscan "aproximar las indemnizaciones por despido entre el casi nada y el casi todo". Este catedrático coincide con el diagnóstico de los economistas, pero expresa algunas dudas de que un contrato único sea la respuesta adecuada "a un mercado cada vez más diversificado, que no requiere respuestas parciales, sino un enfoque global". Recuerda que existe un tipo de temporalidad vinculada a la precariedad. Pero también otra ligada a actividades estacionales como el turismo y la hostelería. Los pro-manifiesto replican que el contrato único puede ser a tiempo parcial para esos casos, que puede ser un contrato X por horas a la semana o al año.

El aspecto más polémico de la propuestas es éste: el contrato unificaría las causas del despido. "Sólo se mantendría la tutela judicial para los despidos por razones de discriminación en la empresa. Entonces, la ley ampararía al trabajador. Creemos que la improcedencia siempre viene de algún tipo de discriminación. Si la empresa tiene dificultades para sobrevivir, ¿de veras es improcedente recortar la plantilla?", apunta desde la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) el economista Jordi Caballé. Ramón Górriz, secretario confederal de Acción Sindical de CC OO, se echa las manos a la cabeza. "Si se aplica, no habría distinción entre despido procedente e improcedente. ¿No ve que se busca un despido sin causa ni control judicial?", pregunta, tras subrayar, como Ferrer, que lo que hace falta es mayor protección social y un nuevo modelo productivo en el que las empresas tengan más flexibilidad interna.

La CEOE, que ha propuesto un contrato indefinido con dos años de empleo temporal previo e indemnizaciones de 20 días por año trabajado, declinó participar en el reportaje. Sí remite al último discurso de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, en la Fundación Antares. Allí dijo que "debemos superar el exceso de temporalidad". Dio algunas ideas sobre el cómo: "Puede hacerse por la vía de alguna de las modalidades contractuales propuesta desde ámbitos académicos o empresariales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de junio de 2009