Absuelto un etarra que alquiló un piso a un comando terrorista
Una juez suspende cautelarmente el pregón de un ex miembro de la banda
La Audiencia Nacional absolvió ayer al etarra Gorka Martínez del delito de colaboración en el atentado cometido por ETA en 2002 en Portugalete contra la edil del PSE Esther Cabezudo. La Sala no ve pruebas, ni siquiera indiciarias, de su participación en el atentado ejecutado por el comando Olaia, entonces integrado por el posterior jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki. La Sección Primera de la Sala Penal concluye que el acusado no puede ser condenado como cómplice por haber alquilado su piso al comando que lo perpetró, ya que para que exista "cooperación necesaria" tiene que haber una colaboración directa con el ejecutor.
Aunque el acusado era "plenamente consciente" de que utilizaban su casa para atentar, los etarras pudieron cometer este atentado, "aún sin disponer del piso que proporciona el acusado o de su garaje". "Su aportación no fue esencial" y tampoco se da la "existencia del elemento subjetivo": no conoce los hechos concretos que planifican y "llevan a cabo" los etarras.
Por otra parte, la juez de lo contencioso administrativo número 1 de Bilbao ha convocado hoy a las partes para levantar, mantener o ratificar la decisión de suspender cautelarmente el acuerdo del Ayuntamiento de Igorre (Vizcaya), de ANV, por el que se nombraba a un ex etarra pregonero de las fiestas.
El juez estimaba así en un tiempo récord, el recurso de la Delegación del Gobierno en Euskadi para evitar que el ex etarra difundiera el pregón. El ex miembro de ETA Guillermo Marañón, Txiki, fue condenado en 1998 a 24 años de cárcel por participar en el comando de soplones que intentó asesinar en cinco ocasiones al entonces consejero de Interior, Juan María Atutxa.
El recurso del abogado del Estado apuntaba que la decisión supone un "escándalo político, provoca alarma social y el descrédito de la democracia municipal". Se basa en la Ley de Víctimas del Terrorismo, que establece que "los poderes públicos adoptarán medidas (...) para prevenir la realización de actos en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas".
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