Un empresario se enfrenta a cárcel por arrasar dos yacimientos

La Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante, que dirige Juan Carlos Carranza, solicita dos años de cárcel a un empresario de La Vega Baja por un delito contra el patrimonio derivado de la roturación ilegal de una finca. Durante los trabajos de desmonte de un terreno forestal en el término de Orihuela, el procesado arrasó dos yacimientos (con restos romanos y árabes) señalizados e inscritos en la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano. La acusación pública solicita, además, una indemnización de 776.417, 20 euros, que el empresario o, subsidiariamente, la sociedad propietaria de la finca, deberán abonar a la Consejería de Cultura.

La vista oral por estos hechos ocurridos en agosto de 2002 se celebra esta mañana en el Juzgado de Lo Penal número 1 de Orihuela.

De acuerdo con el escrito del ministerio público, el propietario de unos terrenos incultos, ubicados en la pedanía oriolana de Torremendo, sin contar con permisos ni licencias, ordenó su desmonte y roturación para transformarlos en terreno de cultivo de cítricos mediante regadío por el método del goteo. Como consecuencia de la roturación, resultaron destruidos el yacimiento arqueológico denominado Lo Cartagena, que incluye restos de una villa romana con construcciones hidráulicas, datados entre los siglos I y IV, y el de Rambla de la Alcorisa, con vestigios de una alquería musulmana datada entre los siglos X y XIII.

Los terrenos que albergan los vestigios arqueólogicos, aparte de estar inscritos en la Dirección General del Patrimonio Cultural desde el 6 de mayo de 1998, también estaban incluidos en el planeamiento urbano de Orihuela como suelo no urbanizable de explotación agrícola de especial protección arqueológica y paisajística. "Y los delimitó [la dirección general] sobre el terreno mediante la colocación de estacas pintadas de rojo situadas en la parte central de los mismos por el técnico arqueólogo municipal en el año 1997", remarca el fiscal en su escrito de acusación.

Además de los dos años de cárcel por el delito contra el patrimonio, el fiscal también pide para el empresario acusado una multa de 20 meses a razón de 20 euros. Alternativamente, el acusador público califica los hechos como imprudencia y pide una multa de 18 meses a razón de 30 euros al día.