El Supremo como foro del absurdo

Hace una semana el Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación contra Garzón, cometida en teoría al declararse inicialmente competente (finalmente se inhibió a favor de los juzgados territoriales) para conocer varias denuncias sobre desapariciones forzosas durante la Guerra Civil en la zona rebelde y hasta 1951 bajo la dictadura. Los desacuerdos entre el instructor y el fiscal de la Audiencia Nacional a propósito de ese sumario (relacionados con los eventuales crímenes de lesa humanidad perpetrados por los sublevados contra el Gobierno legítimo de la República y con la exhumación de sus víctimas) constituirían los únicos indicios del delito de "dictar resoluciones injustas a sabiendas".

La sombra del 'caso Correa' se proyecta sobre la querella contra Garzón por prevaricación

Pero tales desacuerdos nada tienen que ver con la pretensión de la querella: que el fiscal tuviese jurídicamente razón al opinar sobre legalidad penal, tipicidad delictiva, prescripción y amnistía no significa en forma alguna que el equivocado juez prevaricase. Esas discrepancias son frecuentes y se resuelven en los recursos ante las instancias superiores.

Dos días después de ser dictado el auto del Supremo, una juez de Granada rechazó la competencia recibida de la Audiencia Nacional (junto con otros juzgados territoriales) para excavar las fosas donde se encuentran enterrados los restos mortales de los paseados durante la guerra por los sublevados. Se produce, así, un conflicto de competencia negativo que deberá ser resuelto por el Supremo.

El resultado es que el foro judicial se está convirtiendo en escenario para el teatro del absurdo. ¿Qué ocurriría si el Supremo condenase como prevaricador a Garzón por defender su competencia (aunque luego se inhibiera) pero resolviese a la vez el conflicto de competencia en favor suyo y de la Audiencia Nacional? Y si el alto tribunal sentenciara a Garzón por "dictar resoluciones injustas a sabiendas" y atribuyese al tiempo la competencia a las instancias territoriales, ¿serían acusados de prevaricación la juez de Granada y los tres magistrados de la Sala de lo Penal que le apoyaron?

El repertorio del teatro del absurdo ofrece aún más tramas posibles. La fiscalía del Supremo se opuso a la querella que los magistrados habían paradójicamente aceptado arguyendo que la fiscalía de la Audiencia Nacional había discrepado de Garzón. Ya vimos que eso implica confundir las témporas con el culo: una cosa es disentir de los criterios erróneos de Garzón y otra muy distinta acusarle de "dictar resoluciones injustas a sabiendas". De acuerdo con la Constitución, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios con sujeción a los principios "de unidad de actuación y dependencia jerárquica". En efecto, el ministerio público nunca acusó de prevaricación a Garzón en la Audiencia (aunque le negara la competencia) y se opone ahora en el Supremo a la querella.

Todo el asunto huele a chamusquina. La querella de marras fue presentada por un fantasmal sindicato de funcionarios sin afiliados liderado por un antiguo militante del ultraderechista Frente Nacional; sus actividades parecen limitarse a la interposición de acusaciones penales al amparo de la acción popular en favor de las peores causas. El ponente del auto de admisión de la querella -un intrigante y belicoso vocal del Consejo del Poder Judicial sintonizado con el PP durante la anterior legislatura- es patrono de la Fundación para la Defensa de España. La resolución recuerda que el derogado antejuicio previo a las querellas contra magistrados perseguía "evitar acusaciones infundadas, dirigidas a menoscabar la función judicial y a lograr el apartamiento malicioso del juez predeterminado por la ley". La querella que el Supremo no considera contra toda evidencia "ni absurda ni irracional" parece inspirada por idéntico modelo.

A la prolongada estancia (más de 20 años) de Garzón en la Audiencia se suma la envergadura de los sumarios instruidos: desde ETA hasta el terrorismo de Estado y la extradición de Pinochet, pasando por el narcotráfico, el crimen organizado, el fundamentalismo islámico, las estafas financieras y la corrupción partidista. Garzón tiene enemigos feroces y ruines: según un elegante periodista afín al PP, la querella anuncia que le ha llegado (como a los cerdos) el día de San Martín. ¿Tendrá el caso Correa alguna ramificación en la chacinería?